Patricia Daniela Calarco Arredondo lleva casi un mes detenida por protestar contra la aprobación de la Ley Bases en Argentina. Ella y tres hombres continúan presos desde el 12 de junio cuando 33 personas fueron detenidas tras la masiva manifestación afuera del Congreso contra una ley que desguaza el Estado. Calarco Arredondo tiene 39 años y es activista social del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).
“Daniela tenía en la mochila la pechera de nuestro movimiento social y el pañuelo verde. Es clara la persecución. En la causa ponen como disvalor su militancia”, señala a elDiario.es Emilia Manazza, su pareja desde hace seis años. “Yo estuve a su lado cuando desconcentrábamos en medio de los gases lacrimógenos. Un policía de civil la detuvo en la Avenida 9 de julio y Chile. Salieron a cazar a más de diez cuadras del Congreso. Después de dos días en una comisaría en Chacarita, la trasladaron al penal de Ezeiza”.
Daniel Vázquez, abogado de Calarco afirma que “las resoluciones de la justicia son políticas”. El letrado de la Red Federal por la Democracia señala a elDiario.es que “el argumento del fiscal Carlos Stornelli siguió el guion de Javier Milei según el cual se iba a imputar como sedicioso o terrorista a cualquiera que se movilizara contra la Ley Bases. Stornelli planteó la misma línea argumental que el Ejecutivo en el sumario de la indagatoria”.
Fueron 33 las personas detenidas el 12 de junio en lo que organismos defensores de derechos humanos describieron como una cacería policial. Las fuerzas federales intervinieron en una manifestación de más de cien mil personas. Detuvieron a voleo a vendedores ambulantes, estudiantes y personas en situación de calle. No hubo ningún detenido por el incendio de la unidad móvil de Cadena 3, una radio afín al gobierno localizada en la provincia de Córdoba. El presidente Javier Milei felicitó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por la actuación policial contra organizaciones que denominó terroristas.
El fiscal Stornelli enumeró un sinfín de delitos —desde lesiones hasta delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional, en sintonía con el relato gubernamental de un intento de golpe de Estado—, con el objetivo de que todos queden en prisión preventiva. De los 33, 28 obtuvieron la falta de mérito de la jueza federal María Servini de Cubría.
El pasado jueves, la Cámara Federal decidió la liberación de Facundo Gómez y la no excarcelación de Daniela Calarco, Cristian Fernando Valiente, David Sica y Roberto de la Cruz Gómez. Ninguno de los cuatro están acusados por el incendio del vehículo de Cadena 3 que acaparó la atención mediática y sirvió como punta de lanza para que el gobierno ultraderechista rechace la protesta frente al Congreso. La Cámara Federal aún no se pronunció sobre el procesamiento ordenado por la jueza Servini de Cubría.
Daniela Calarco fue procesada el 18 de junio con prisión preventiva por los delitos de intimidación pública, incendio y daño agravado. Se le imputa haber quemado bicicletas del Gobierno de la Ciudad.
“A Daniela le imputan intimidación pública y resistencia a la autoridad. Planteamos que no ha habido delito consumado según el Código Penal. Dimos como prueba el video del canal de noticias TN: se ve que ella no prende fuego a nada. El hecho no se consumó”, afirma su abogado Vázquez. Y agrega: “Tenemos que presentar un recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones de Casación, ya que el jueves pasado nos notificaron que no la dejaron libre porque Daniela podría entorpecer la investigación penal por estar en libertad. Hay una intención de generar temor a movilizarse. El Estado eligió de enemigos a los pobres, a los jubilados, a los desocupados”.
Calarco está actualmente sin trabajo: en marzo la despidieron del exMinisterio de Desarrollo Social fusionado con otras carteras dentro del nuevo Ministerio de Capital Humano. Ha habido miles de despedidos estatales.
Su novia Emilia dice que no hay razón para que no los liberen. “Dicen que es porque entorpecerían la investigación. David Sica es un hombre en situación de calle. ¿Cómo entorpecería la investigación?”.
El abogado Vázquez explica que a los cuatro se les dio prisión preventiva hasta que termine la investigación. “Los hombres sufrieron apremios, les arrojaron gas pimienta y los hicieron desnudar; los cachetearon en las caras preguntándoles a qué organización pertenecían. A Daniela la amenazaron con pasarla a un pabellón común. Los elementos de prueba son cámaras de seguridad de la ciudad, o sea, del Estado. No hay ningún elemento que Daniela pudiera entorpecer estando libre. La defensa oficial de los tres hombres y nosotros decimos que se violan los tratados internacionales al mantenerlos presos. Exigimos la libertad y el cierre de las causas. Ya juntamos 78 mil firmas de apoyo solidario”.
El fin de semana pudo entrar al penal de Ezeiza la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), después de tres semanas de dilaciones. Este viernes, cuando se cumple un mes de las detenciones, habrá un acto en Plaza de Mayo a partir de las 15 horas de Argentina organizado por los movimientos sociales para reclamar la libertad de los cuatro detenidos y en contra de la criminalización de la protesta.
