Ciudad de Guatemala. Miles de campesinos guatemaltecos marcharon este miércoles en la capital del país para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, opositora del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, y protestar por el alto costo de vida.
Los manifestantes, convocados por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), también pidieron la renuncia del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, quienes junto a Porras están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea como “actores corruptos”.
Estos tres funcionarios lideraron procesos judiciales cuestionados contra el mandatario socialdemócrata Arévalo y su partido Semilla, lo que puso en peligro su toma de posesión en enero pasado.
Arévalo intentó conseguir la salida de Porras, pero carece de atribuciones para destituirla. Ella tiene mandato hasta 2026.
Portando banderas blancas con la palabra CODECA en negro, unos 4.000 campesinos partieron desde cuatro puntos para culminar en una plaza céntrica cercana a la casa presidencial.
Fiscala de Guatemala descarta renunciar y arremete contra el presidente Arévalo
Los manifestantes también exigieron que se reduzcan los costos de los productos de la canasta básica y que se nacionalice la energía eléctrica, ahora en manos de empresas privadas.
En los últimos meses, el precio de las verduras, legumbres, maíz y frijol registró fuertes alzas relacionadas con la poca producción o la pérdida de cultivos a causa del cambio climático.
Hace unas semanas, una libra de papa costaba $51 centavos y ahora está a un dólar, en tanto que el saco de 46 kilos de frijol vale $99 y el maíz unos $28, con alzas de 15% y 65% en el último año, respectivamente.
El salario mínimo en Guatemala asciende a unos $445, mientras el costo de la canasta básica es de unos $270 mensuales, según datos oficiales.
La dirigente campesina y excandidata presidencial Thelma Cabrera pidió además el “cese de la persecución en contra de los defensores de los derechos humanos y de la madre tierra y que paren los desalojos” de campesinos en distintas partes del país.
Los desalojos se dan principalmente por supuestas invasiones de campesinos a fincas privadas dedicadas a cultivos como palma africana para producir aceites, en manos de terratenientes.
“Pedimos al presidente que defina si está al lado del pueblo o al lado de los empresarios y corruptos”, afirmó Cabrera.
