La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha constatado este miércoles, tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Tenerife, que Andalucía asumirá según lo previsto 30 menores migrantes merced a lo establecido en el Plan de Respuesta ante crisis migratoria de Canarias, frente a los 36 recibidos en 2023 y los 38 de 2022; acusando además al Gobierno central de «dejar tirados» a otros 454 menores enviados a Andalucía «camuflados como personas adultas y cuya minoría de edad se niega a reconocer«. López, que ha asistido a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Tenerife para abordar la situación de los menores migrantes llegados a Canarias y Ceuta, ha exigido financiación para estos otros niños y niñas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez , a su juicio, ha traslado «por la puerta de atrás con irresponsabilidad y falta de humanidad». La responsable andaluza ha explicado que es la Fiscalía quien determina la minoría de edad y, ante la negativa a su reconocimiento, ha preguntado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, «si hay menores migrantes de primera y de segunda»; mientras la ministra ha alertado esta misma jornada, de su lado, de que el 80% de los traslados del año 2023 no se han cumplido por parte de las comunidades autónomas, acusando a las autonomías del PP de haber «bloqueado hace un mes la posibilidad de este reparto voluntario». «Tenemos que velar por el interés de todos los niños y niñas, tenemos que mirar a los ojos de todos los niños y niñas, también de los que el Gobierno traslada a las comunidades, en el caso de Andalucía a 454, por la puerta de atrás «, ha resaltado la consejera andaluza, acusando de »insolidaridad al Gobierno de España« porque »Andalucía está atendiendo a estos menores a pulmón, sin un solo recurso ni euro del Estado«. El Gobierno, en ese sentido, exponía por su parte que para el encuentro de este miércoles estaba previsto abordar el cupo de menores migrantes no acompañados acordado para 2024 por un importe de 20 millones de euros, que se rechazó en la anterior Conferencia Sectorial porque las autonomías querían conocer el contenido de la reforma de la Ley de Extranjería.
