El Ministerio de Trabajo presentará el próximo lunes a los empresarios una nueva oferta para reducir la jornada laboral máxima legal de las 40 horas actuales hasta 37,5 horas en 2025. Un nuevo giro de guion que se produce en plena escalada de tensión y reproches cruzados entre el departamento de Yolanda Díaz y los empresarios por una medida que las patronales rechazan y estiman que les puede costar 42.400 millones de euros. En cambio, Trabajo defiende que la reducción de jornada aumentará la productividad y facilitará un mejor uso del tiempo.
«El equipo de Trabajo va a hacer una propuesta nueva, ya no a los sindicatos, sino a la patronal. Vamos a ver cuál es su vocación negociadora, ha lanzado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Díaz no ha ahondado en detalles sobre el contenido de este nuevo texto, que dará a conocer en la reunión del próximo lunes.
Pero sí ha vuelto a subrayar lo alejadas que están las posiciones de las dos partes. «El Gobierno no va a hacer una reducción de jornada fake«, ha trasladado Díaz, que ha descartado por completo la propuesta de la patronal de aceptar una reducción de jornada a 37,5 horas a cambio de ampliar el límite legal de horas extra anuales de las 80 actuales hasta 150. «Eso es una jornada reducida fake. No va a ser, no la vamos a hacer», ha zanjado.
La creciente tensión entre Trabajo y los empresarios a raíz de la reducción de jornada máxima legal que está ultimando el Gobierno ha vuelto a subir de tono, con un nuevo cruce de declaraciones. «Es la primera vez que nos encontramos con una patronal que no hace propuestas, que habla en los medios de comunicación de que caiga el Gobierno, pero que está ajena al diálogo social», ha criticado Díaz.
«Me gustaría que hubiera respeto institucional y que lo que se tenga que decir se diga en la 4ª planta del Ministerio de Trabajo», ha trasladado Díaz, refiriéndose al lugar donde se negocian las leyes laborales con sindicatos y empresarios. Díaz ha vuelto a insistir en que buscará un acuerdo sobre una medida que es «la que mejor valoran y más desean los españoles, voten a quien voten», que «mejora la productividad de las empresas» y que se quiere desplegar en un país con una jornada «muy extensa» que no se ha tocado desde 1983.
Las palabras de la vicepresidenta se han producido apenas unas horas después de que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, volviera a criticar la actitud del Ministerio de Trabajo en las negociaciones. «Hemos planteado muchas cosas en la mesa y no se nos escucha absolutamente nada, se nos lanzan ultimátums», se ha quejado Garamendi, quien ha defendido estos días que los planteamientos de la patronal se han planteado de viva voz en las mesas durante toda la negociación.
El líder de los empresarios ha censurado las palabras que pronunció el lunes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en las que tachó de «burla» la actitud de la patronal en la mesa negociadora. «Tenemos la libertad de decir que no nos gusta, eso no es una burla, parece que solo puedes ser buena persona si dices lo que les gusta», ha señalado Garamendi en un desayuno informativo celebrado este martes.
La nueva propuesta que llevará Trabajo a la mesa de negociación el próximo lunes tiene escasas posibilidades de prosperar por lo alejadas que están las posiciones entre las dos partes. Los empresarios rechazan toda reducción de jornada que no sea pactada en los convenios colectivos. Un punto que el departamento que dirige Díaz y los sindicatos rechazan de plano, precisamente porque una de las cosas que se buscan con el recorte de horas es que alcance a esos sectores y asalariados que siguen todavía en 40 horas semanales o cerca.
Además, tanto UGT como CCOO y Trabajo no parecen dispuestos a intercambiar una reducción de jornada por un aumento del número de horas extraordinarias que se pueden hacer legalmente cada año. La propuesta que ha planteado la patronal para compensar la pérdida económica que le supondría a las empresas reducir la jornada legal de trabajo.
Cepyme —la asociación empresarial de las pymes en la órbita de CEOE— publicó un informe el lunes en el que estimaba en 42.400 millones de euros el coste de reducir la jornada hasta 37,5 horas en 2025. Un cálculo maximalista y poco verosímil que presupone que por cada hora reducida se perdería una cantidad equivalente de valor añadido y que las empresas no contratarían a trabajadores para cubrir la pérdida de jornada. Dos factores que resulta difícil que se den simultáneamente de esa forma.
