Según las propias previsiones del Gobierno, el flujo de inmigrantes que llegan a Canarias va en aumento. Es por eso que saludar y aplaudir el convenio que sellaron ayer el Gobierno y las comunidades autónomas del PP para el reparto y acogida de 400 menores no debe hurtar un debate más profundo sobre cómo las distintas administraciones afrontan esta crisis migratoria. Desde el PP se señala que el Gobierno no está siendo leal con el escalón autonómico, ni haciendo uso de todos los recursos de los que dispone. Varios gobiernos autonómicos denuncian que el Ejecutivo sólo se ocupa del coste que conlleva acoger a estos menores durante un año, de modo que al final son las comunidades las que deben cargar con los gastos para atender a los 'menas' con todas las garantías educativas, sanitarias y sociales. En este momento, las regiones del PP (salvo Canarias) atienden más de 5.000 jóvenes y lo harán hasta que alcancen la mayoría de edad. La cuestión de los menores no acompañados, aunque especialmente sensible, es sólo la punta del iceberg. El Gobierno debe declarar la crisis migratoria, destinar fondos a desatascar las oficinas de asilo, involucrar aún más a Frontex en frontera y origen y, en su caso, solicitar la derivación de inmigrantes a terceros países. El primer paso es asumir que la situación es grave, porque las víctimas son los inmigrantes que dicen proteger.
