La Sala Constitucional ordenó a Paula Bogantes Zamora, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), reglamentar en dos meses la Ley de Creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital, la cual está vigente desde el 9 de octubre de 2021, sin que el órgano haya entrado en operaciones.
El tribunal igualmente condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, al declarar con lugar un recurso de amparo presentado, a título personal, por Miguel Guillén Salazar, quien es el secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN). El proceso se tramitó bajo el expediente 24-012298-0007-CO.
El fallo advirtió a Bogantes de que, en caso de no acatar la instrucción, podría afrontar una pena de tres meses a dos años de prisión, o de 20 a 60 días de multa, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Este medio solicitó una declaración a la ministra Bogantes, por medio de la oficina de prensa del Micitt; se está a la espera de una respuesta.
Si bien el reclamo también estaba dirigido contra el Ministerio de la Presidencia, los magistrados decidieron no acoger esta parte del recurso, por considerar que dicha cartera no tiene injerencia alguna en la creación del reglamento, dado que la instancia técnica encargada del trámite es el Micitt.
La Sala Constitucional concluyó que se lesionaron los derechos fundamentales de Guillén, pese a los alegatos del Micitt sobre los esfuerzos hechos para construir el reglamento en los tres años que han pasado, desde que la ley entró en vigor.
La ley dispuso, en su transitorio I, un plazo máximo de seis meses para que el Poder Ejecutivo promulgara la reglamentación. Ese periodo expiró el 9 de abril de 2022.
“Dicha omisión resulta contraria a los derechos del tutelado, en el tanto no le permite contar con una norma que regule aspectos relativos a su relación con la administración por medios digitales”, indicó la sentencia.
La Agencia fue creada como órgano adscrito al Micitt y bajo su rectoría, pero con independencia operativa. Surgió como propuesta del congresista Wagner Jiménez, del PLN, en cuyo despacho laboraba Guillén.
Los objetivos de la Agencia de Gobierno Digital son la promoción de la transparencia, competitividad y participación ciudadana en los trámites estatales. Asimismo, le corresponde velar por la confidencialidad y seguridad de la información de los ciudadanos, además de buscar la mejora de la calidad de vida de los costarricenses y propiciar un clima de negocios favorable y competitivo.
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