El bloqueo de la Carretera Central en La Oroya, provincia de Junín, ha causado una interrupción del tránsito en la región. Esta acción, impulsada por la ciudadanía, busca atraer la atención del Gobierno central hacia la necesidad urgente de obras de infraestructura en la zona.
Es así que, la resolución de este conflicto social dependerá en gran medida de la capacidad de la gestión de Dina Boluarte para entablar un diálogo con los residentes y responder a sus necesidades con acciones concretas.
La Oroya, conocida históricamente por su actividad minera, ha enfrentado diversos desafíos económicos y sociales a lo largo de los años. La falta de inversión en infraestructura ha sido un problema recurrente, que ha afectado la calidad de vida de sus habitantes y limitado el potencial de desarrollo de la región.
El descontento de los habitantes de La Oroya y otras localidades como Ulcomayo y Carhuamayo surge de la frustración ante la falta de respuesta de las autoridades gubernamentales. Recientemente, los dirigentes locales habían sido convocados por el Consejo de Ministros para una reunión de vital importancia.
El objetivo era discutir proyectos de infraestructura necesarios para el desarrollo de la región de Junín. Sin embargo, la ausencia de altos dirigentes y alcaldes distritales en dicha reunión fue percibida como una señal de desinterés y negligencia por parte del Gobierno central. En su lugar, solo un técnico asistió en representación del Estado, lo que no fue suficiente para calmar las inquietudes de las comunidades.
El cierre de la Carretera Central, así como de las rutas Junín-La Oroya y Junín-Huánuco, ha tenido un efecto inmediato en el tránsito vehicular, afectando tanto a los residentes locales como a quienes transitan por estas vías concurridas.
Los manifestantes buscan, con este paro indefinido, presionar al gobierno para que atienda sus demandas. Entre las principales exigencias se encuentran la repavimentación de carreteras, la construcción de hospitales y otras obras de infraestructura esenciales que respondan a las necesidades actuales de la población.
Hasta el momento, la presencia policial en la zona ha sido escasa, lo que ha permitido que el bloqueo continúe sin mayores confrontaciones. No obstante, la situación podría cambiar si el Gobierno decide intervenir para restablecer el orden y la libre circulación en la Carretera Central en los próximos días.
Los residentes de La Oroya esperan que su acción logre el objetivo de iniciar un diálogo con el Gobierno central. La comunidad está dispuesta a mantener el bloqueo hasta recibir una respuesta concreta y satisfactoria, pues, solo así, se podrá garantizar una solución sostenible y evitar futuras protestas.
