La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional ha informado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga si Podemos fue víctima de presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial por parte de la denominada 'policía patriótica' del PP, que se realizaron búsquedas en bases policiales sobre, al menos, 55 diputados de la formación. Es lo que se desprende de la documentación enviada por la UAI, a la que tuvo acceso ABC, en el que constan accesos de información, durante los años 2015 y 2016 , en los ficheros sobre personas como el ex secretario general de la formación, Pablo Iglesias, la exministra de Igualdad, Irene Montero, el jefe de campaña del partido, Juanma del Olmo, o una de las fundadoras de Podemos, Carolina Bescansa. Entre los nombres buscados, también aparece el de Ione Belarra, exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 o la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La UAI responde así al requerimiento que hizo Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional , el pasado 4 de julio para que se identificara al funcionario que realizó cada búsqueda, «fecha del mismo, persona a la que se refiere la solicitud, motivo expresado de la solicitud si constara y concretos datos que solicita y en su caso obtiene, de varios diputados». Según las fuentes jurídicas consultadas, ahora hay que examinar quién hizo las búsquedas y por qué para esclarecer si se pueden atribuir a la 'policía patriótica' del PP durante la época de Mariano Rajoy tal y como ya ha hecho Podemos. Los morados señalan a altos mandos del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy como autores de este presunto espionaje ilegal a raíz del informe conocido este miércoles, los cuales habrían ordenado «a agentes de la Policía que actuaran al margen de la ley contra representantes» de Podemos: «Es una muestra más de la cacería política, policial, judicial y mediática de los populares para intentar acabar con su principal adversario político e impedir un cambio de Gobierno», denuncian fuentes del partido. Las mismas que aseveran que la «intensidad» de este rastreo demuestra que «acabar con Podemos fue uno de los principales objetivos» del Ejecutivo del popular. Una «guerra sucia», dicen, que «ha producido un importante desgaste a la formación». En este sentido, los de Belarra, recordemos una de las supuestas afectadas, exigen el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades «tanto a nivel político como judicial», a la par que aprovechan para recordar al PSOE que «no hay regeneración ni democratización posible de la mano del PP». Lo hacen a escasas horas de que socialistas y populares consumen en el Congreso la renovación del Consejo General del Poder Judicial ( CGPJ ) y la reforma de la Ley del Poder Judicial (LOPJ). Montero, por su parte, ha arremetido también contra el socio mayoritario del Ejecutivo -«lo grave no es la guerra sucia de las derechas, sino que el PSOE la está legitimando», expresa la europarlamentaria- y explicado que este «espionaje ilegal» no es otra cosa sino «una muestra más de que la corrupción es la forma de Gobierno del bipartidismo». «El PP no puede quedar en la impunidad. Necesitamos que la democracia se imponga», apunta la exministra desde Bruselas. Fue el pasado mes de febrero cuando el juez acordó admitir la querella de Podemos contra el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía, si bien rechazó investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, como había solicitado la formación. Se investigan posibles delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez , quien a su vez daba cuenta periódicamente al ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y con la colaboración de agentes policiales, «se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política Podemos». Según su escrito, el objetivo principal era filtrar después a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las 'fuentes policiales' y desprestigiar así ante la opinión pública al partido político. Entonces el magistrado solicitó al Juzgado Central de Instrucción número 6 diversa información que obra en el caso Villarejo como las diligencias relativas al contenido de los mensajes que hubiera en el móvil del exsecretario de Estado Francisco Martínez.
