La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció acerca de los enfrentamientos registrados entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la concesionaria Metro de Lima por la construcción de la Estación Central de la Línea 2 en las avenidas 9 de Diciembre (Paseo Colón) y Garcilaso de la Vega y Plaza Grau. La mandataria indicó que la seguridad jurídica en el Perú asegura que lo acordado en un documento debe ser cumplido y que este caso debe ser resuelto a través de los procedimientos legales correspondientes
"Nuestro sistema jurídico garantiza que aquello que se pacta en el documento, se cumple en el tiempo. Estos casos son casos excepcionales y se tratará como tal, dentro del marco legal correspondiente a nuestro país", declaró la jefa de Estado en una conferencia de prensa.
Ello, luego de ser consultada sobre la controversia generada entre la MML y la empresa que se encarga de llevar a cabo las obras del Metro de Lima, y tras haber expuesto en diferentes oportunidades que en el Perú hay seguridad jurídica para los inversionistas.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) emitió un comunicado para informar acerca de la demanda penal que interpuso contra la concesionaria de la obra de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima. En ese documento, indicó que la MML acordó con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) "contar con una garantía por escrito para que los trabajos de la estación del Metro de Lima se culminen en 13 meses, lo cual se incumplió".
"La MML continuará actuando en el marco de sus competencias, apoyando el Sistema de Transporte Masivo que respete las normativas y a los limeños", se lee en el comunicado de la MML.
Tras ello, la Municipalidad de Lima expuso que el primer Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de habeas corpus que presentó en contra del MTC, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), además las empresas Metro de Lima Línea 2 S.A. y el Consorcio EPC por el desvío vehicular y el cierre de vías para la construcción de las obras.
"Se da inicio con la demanda penal por cerrar las vías metropolitanas, sin contar con autorización municipal, según Ordenanza 1680, este proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales es promovido por Diego Carlo Tapia Mazzotti, en su calidad de procurador público municipal de la MML", se precisa en el documento.
En relación a las acciones de los empresarios en el Perú, señaló que no se está en contra de la libertad que estos ejercen, pero protesta y rechaza el abuso y la arbitrariedad que algunas empresas han venido cometiendo. En esa línea, indicó que el Metro de Lima no ha certificado que la obra cumpla con las condiciones técnicas mínimas para prevenir un posible desastre.
"Los demandados quieren imponer sus propias reglas y zurrarse en nuestra constitución, que reconoce la autonomía municipal que se ve afectada al cercenarle competencias a la MML, la que legalmente es responsable ante la ciudadanía si la ejecución de la obra genera daños", se agrega en el comunicado.
