Según ponen en evidencia los últimos acontecimientos jurídicos sucedidos en España, se ha hecho patente que, de facto, el Tribunal Constitucional actúa como tribunal de casación respecto de las sentencias del Tribunal Supremo, con lo que el poder judicial —al que este pertenece, se entiende, como última instancia nacional— queda mermado en sus competencias de forma ostensible.
