Aprobada la Ley Bases y su Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el Gobierno abrió el juego para crear un régimen para Pymes. El proyecto que el Gobierno tiene sobre la mesa consta de 6 ejes de desarrollo, mientras que buscan llegar con el mayor consenso posible al recinto.
El monto mínimo de inversión incluido en el proyecto (u$s200 millones) oficiaba de barrera para el ingreso de empresas más chicas en los beneficios del RIGI. Otro de los puntos de tensión eran los beneficios del régimen, como la posibilidad de importar maquinaria e insumos sin las alícuotas vigentes, entre ellas, el impuesto PAIS. En el texto final se incluyó en ese beneficio a los proveedores de los proyectos. El último punto de tensión era la reglamentación del artículo sobre el desarrollo de proveedores locales.
El Gobierno abrió la convocatoria para avanzar en el armado de una Ley Pyme, mientras que los sectores industriales trabajaron en un mini RIGI. Desde el Ejecutivo buscan que se alcance una propuesta con el mayor consenso posible, tanto del sector privado como desde la provincias, que llegue al Congreso con los acuerdos básicos y se sume a los efectos de la Ley Bases.
Lavigne y Pazo visitaron la UIA la semana pasada
Uno de los objetivos que persigue el oficialismo con su propuesta es el de ofrecer los beneficios del RIGI, pero sobre los incrementales, en especial sobre la creación de empleo.
Representantes de sectores industriales le hicieron llegar al Gobierno una propuesta de un mini RIGI que esté orientado a las inversiones de las pequeñas empresas con 6 pilares para revertir un escenario de contracción de la actividad.
El primer eje es la simplificación tributaria centrada en tres propuestas: la creación de una cuenta tributaria única para usar saldos a favor en el pago de otros impuestos, la exclusión de las MIPymes de los regímenes de percepción y retención de IVA y Ganancias y la posibilidad de poder usar a cuenta los impuestos a los débitos y créditos para otros tributos, incluidos IVA y seguridad social.
El segundo eje es el de incentivo a la producción industrial Pyme para lo que proponen la amortización acelerada de las inversión en dos años, doble amortización de inversiones 4.0 y de aquellas de eficiencia energética, transición energética o economía circular, devolución anticipada de IVA en las inversiones y deducción de intereses sobre el capital propio.
El tercer eje es el de actualización automática de los topes de las ventas anuales para la categoría y que la misma se haga de manera pública y transparente con diferencias según cada sector. La actualización sería al menos una vez por año, con la posibilidad de aumentar las renovaciones en caso de que la inflación anual supere el 50%.
El cuarto eje es el de internacionalización de las Pymes, para lo que proponen eliminar las retenciones para los bienes industriales y el aumento de los reintegros para pymes exportadoras para compensar los costos de ingresos brutos, tasas y otros impuestos. También piden un nuevo régimen de admisión temporaria para las empresas proveedoras de cadenas exportadoras y la creación de un programa de incentivo exportador que ofrezca asistencia técnica, promoción en ferias y la realización de misiones comerciales.
Por último, piden la creación de una ventanilla única de consulta para pymes exportadoras y el desarrollo de esquemas para financiar exportaciones, garantías de operaciones o pagos de mecanismos de forfaiting a través del BICE y el Banco Nación.
El quinto eje es el de financiamiento, en el que incluyeron los pedidos de ampliar los sistemas de garantías a través de una ley que sea obligatoria para la banca pública y que incluya las garantías a través de una Sociedad de Garantías Recíprocas y el Fondo de Garantías Argentino. Por otro lado, piden herramientas que permitan generar inversiones a mediano y largo plazo, a 5 o 10 años con período de gracia y amortización según el flujo de retorno de la inversión.
Para el sector financiero proponen que se promueva la compra de instrumentos de Pymes en el mercado de capitales a través incentivos fiscales a grandes empresas para que canalicen liquidez hacia las acciones, obligaciones negociables y fondos comunes de inversión de pequeñas empresas. Por último, piden aumentar a 10% el mínimo para fomentar la demanda de compradores institucionales.
Como sexto y último eje está el de incentivo a la creación de empresas y facilitación de trámites digitales, en el que incluyeron la creación de una ventanilla única que sea completamente digital y facilite la fiscalización, la inscripción automática ante las inspecciones generales de justicia provinciales y la posibilidad de llevar los libros en formato digital sin necesidad de tener un duplicado físico.
