Defiende "blindar" los siete reactores operativos "garantizando su sostenibilidad económica" por la seguridad del suministro y la contención de precios de la luz
El Partido Popular ha decidido posicionarse claramente a favor de mantener operativo el parque nuclear español. La defensa de la moratoria responde a varios motivos sobre los que existe un amplio consenso, como que la nuclear es responsable de entre el 30% y el 40% de la electricidad libre de emisiones en España, lo que evita la emisión a la atmósfera de unos 30 millones de toneladas de CO2, según subraya el PP en su exposición de motivos de la Proposición no de Ley (PNL) presentada por los populares sobre el cierre programado de la generación nuclear en España.
El PP también destaca que el cierre de las centrales nucleares "tiene un efecto económico en los precios del mercado mayorista eléctrico que supone un sobrecoste para los consumidores, porque deja de generarse energía nuclear barata y sin emisiones para ser sustituida por energía térmica de gas, más cara y con emisiones”.
Por lo que respecta al propio cierre de los siete reactores operativos, la PNL remarca que si bien el informe de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, del 19 de marzo de 2019, estimaba entre 2.000 y 3.200 millones de euros anuales el sobrecoste por el cierre del parque nuclear existente, los "informes independientes más recientes, como el de la consultora AFRY y el think tank OIKOS, calculan 22.600 millones de euros de sobrecoste y un incremento de emisiones equivalente a tres años de emisiones nacionales totales”.
El Grupo Popular llaman la atención al Gobierno sobre la resolución de 2022 en la que el Congreso instaba al Ejecutivo a reformular el calendario de cierre de las centrales nucleares con un extensión del plazo, un llamamiento que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha desoído con el pretexto de que el cierre es fruto del acuerdo entre los titulares de las instalaciones y ENRESA".
Ese empecinamiento del Gobierno conlleva que se esté llegando a un punto de no retorno ya que, como contempla la revisión del PNIEC, que está en periodo de consulta, en 2030 habrá 3.181 megavatios de potencia nuclear instalada en las centrales que aún estén operativas, frente a los 7.117 MW actuales. "Las empresas titulares ya han comenzado a advertir que es necesaria una adecuada sincronización de nuevo potencia y potencia que se clausura", alerta el PP.
"Endesa alerta de que el nuevo objetivo del PNIEC de instalar casi 10.000 MW de nuevas renovables al año es "muy complejo" porque los operadores tienen que afrontar la escasez de materiales en la cadena de suministro y de recursos humanos, en un contexto de costes financieros mucho más elevados (…)”.
Por su parte, Iberdrola ha manifestado que el almacenamiento es clave para cumplir con el plan de cierre de las nucleares, así como la ejecución de las inversiones en instalaciones que van a reemplazar a la energía nuclear que va a salir paulatinamente del sistema eléctrico”. Sin embargo, el desarrollo de los necesarios sistemas de almacenamiento es aún una quimera.
En consecuencia, el PP reclama a través de dicha propuesta legislativa"acordar de manera inmediata una moratoria sobre el cierre nuclear programado, habilitando los cambios normativos adecuados para que los titulares de las instalaciones puedan instar en tiempo útil ante el Consejo de Seguridad Nuclear el procedimiento para la prórroga de sus autorizaciones, en plenas condiciones técnicas y de seguridad". Con esto, la nuclear se mantendría dentro del PNIEC.
Para ello, el Congreso demanda que se habilite la regulación para facilitar la sostenibilidad económica de las instalaciones que decidan acogerse a la moratoria, garantizando que contribuyen a contener o rebajar el precio del mercado eléctrico, fortalecer la seguridad de suministro y contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Todo sin perjuicio de que la Comisión Nacional de Mercados v la Competencia (CNMC), el Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE) y del gestor de la red de transporte (REE) evalúen el impacto económico en el mercado eléctrico del cierre nuclear programado, así como las implicaciones para la seguridad del suministro, atendiendo a las nuevas previsiones contenidas en la revisión del PNIEC.
El PP también reclama que se traslade al Congreso el 7.º Plan General de Residuos Radioactivos, acompañado de un Informe de Enresa sobre el impacto de dicho Plan en los compromisos y estimaciones contenidos en el Protocolo de cierre ordenado de las centrales nucleares suscrito con sus empresas titulares en marzo de 2019, con audiencia y participación de las empresas titulares a fin de que sus alegaciones queden recogidas en dicho Informe.
