Tras las elecciones europeas, hay un riesgo de vuelta a la austeridad y de regresión en las políticas verdes. Un relato que ha surgido fuertemente en estos últimos meses enfrenta a las personas trabajadoras europeas, en particular a los agricultores, con la legislación ambiental. Imágenes de estiércol amontonado en Bruselas y de caminos bloqueados por tractores se yuxtaponen con imágenes de activistas por la justicia climática. Como tal, la principal contienda intelectual actual es entre quienes ven la economía y el medio ambiente como causas opuestas y quienes ven la economía como algo integrado en la naturaleza.
Somos representantes de ese último grupo. Postulamos que el agotamiento de los ecosistemas y la explotación de agricultores y trabajadores, en Europa y a nivel mundial, tienen sus raíces en el mismo modelo económico. En el centro de las múltiples crisis que enfrentamos está la búsqueda incesante del crecimiento económico, que ha beneficiado a unos pocos a costa de la mayoría.
Abordar las crisis sociales y ecológicas que enfrenta la ciudadanía europea hoy requiere una profunda transformación de nuestras economías. Eso significa cambios en las estructuras físicas: construir paneles solares y turbinas eólicas para garantizar el acceso a energía limpia y reorganizar la forma en que satisfacemos necesidades básicas como alimentos, vivienda y transporte. Pero también requiere una gran innovación social. Construir bienestar más allá del crecimiento es la alternativa a seguir por el mismo camino ambientalmente destructivo y socialmente desigual que hasta ahora.
El relato político dominante sostiene que necesitamos crecimiento para la transición “verde” así como para el bienestar social. En esta historia, la inversión en servicios públicos y en infraestructura verde es el “lujo” que podemos permitirnos si hay suficiente crecimiento económico, en lugar de lo esencial de lo que no podemos prescindir nadie.
La estrategia europea actual es buscar un mayor crecimiento a través de negocios con mayores beneficios y una producción industrial exponencial, al tiempo que se confía en que tecnologías especulativas mitiguen los impactos ambientales y que la riqueza creada “gotee” en forma de salarios y redistribución. Sin embargo, esta estrategia ha demostrado ser imposible de cumplir tanto desde una perspectiva ambiental como social. En su lugar, somos testigos de una concentración cada vez mayor de la riqueza y el poder del mercado, así como de una escasez crónica de inversiones públicas indispensables, lo que lleva a exacerbar desigualdades socioeconómicas y a una crisis del coste de vida que se extiende por toda Europa.
El crecimiento económico desenfrenado nos está llevando directamente al colapso ecológico. Las investigaciones muestran que no estamos alcanzando un desacoplamiento absoluto entre el Producto Interno Bruto y el uso de energía y materiales lo suficientemente rápido como para cumplir los objetivos climáticos. Sin crecimiento, nuestro sistema actual caería en una recesión, pero es precisamente por eso que necesitamos cambiar el sistema. Porque el hecho de que nuestras economías se basen en el crecimiento es el motor del extractivismo y la explotación insostenibles en todo el mundo. El desafío político de nuestro tiempo es superar esta dependencia del crecimiento: reducir el uso de materiales y energía para evitar una catástrofe climática y al mismo tiempo reestructurar nuestros sistemas de bienestar social para abordar las desigualdades y garantizar el bienestar humano.
Las elecciones europeas han demostrado que oponer el bienestar social a la transición verde favorece a la extrema derecha, que ahora tendrá aún más voz, agravando la reacción conservadora que vemos por todo el continente. Algunos gobiernos ya respondieron a las protestas del campo derogando regulaciones ambientales, como el uso de pesticidas, y tememos que este ataque al Pacto Verde Europeo continúe durante la próxima legislatura. Más concesiones de este tipo tan solo servirán para seguir alimentando a la extrema derecha.
Este enfoque político pasa por alto el núcleo de las demandas de las y los agricultores y, en cambio, sirve a los intereses de las grandes corporaciones agrícolas. Los precios e ingresos justos para los agricultores exigen un sistema que bloquee las importaciones que no alcanzan nuestros estándares ambientales y sociales y garantice que los intermediarios no se llevan las ganancias que corresponden a las personas productoras. Además, ¿qué derecho tenemos a depender de los suelos, el agua y la mano de obra de otros países para alimentarnos, cuando ellos mismos lo necesitan ante múltiples amenazas a su propia seguridad alimentaria? Necesitamos luchar por una agricultura digna y por la soberanía alimentaria, un objetivo que sólo puede alcanzarse democratizando la economía y liberando a los productores del imperativo de crecer y competir en los mercados internacionales.
Estos tiempos de crecientes desigualdades, malestar social y auge de las fuerzas conservadoras exigen grandes inversiones públicas, no políticas de austeridad. Necesitamos distribuir masivamente la riqueza, abordar la concentración del poder económico y democratizar la economía. Por encima de todo, debemos movilizarnos a favor de un Pacto Verde Europeo que vaya más allá del crecimiento, que coloque los derechos de las personas trabajadoras al frente de nuestro proyecto de justicia ambiental. Cuanto más dejemos atrás el crecimiento económico desenfrenado y sus fantasías, mejor podremos formular políticas europeas que garanticen una transición verdaderamente justa, con empleos dignos para todas y todos.
FIRMAN TAMBIÉN: Rosa Martínez, Secretaría de Estado de Derechos sociales, España; Olivier de Schutter, Relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación (2008-2014) y sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (2020-); Natalie Bennett, diputada de The Greens, Reino Unido; Elisabeth Götze, diputado de Die Grünen, Austriia; Séverine de Laveleye, diputada de Ecolo, Bélgica; Carlos Martin, diputado de Sumar, España; Petros Kokkalis, eurodiputado de Verdes/ALE, Grecia; Carola Rackete, eurodiputada independiente de The Left, Alemania; Manuela Ripa, eurodiputada de Verdes/ALE, Alemania; Helmut Scholz, ex-eurodiputado de The Left, Alemania; Christine Teunissen, eurodiputada del Partido animalista de Países Bajos; Marie Toussaint, eurodiputada de Verdes/ALE, Francia; Jasminka Dedić, concejala municipal en Liubliana, Eslovenia, y Luka Florjanc, concejal municipal en Liubliana, Eslovenia.
