Antonio Maldonado descartó que la Corte IDH haya cometido "excesos" en su resolución y criticó la actitud de Boluarte y Soto.
El exprocurador Anticorrupción, Antonio Maldonado, conversó con La República respecto a la carta enviada en conjunto por la presidenta Dina Boluarte y el titular de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, la cual rechaza la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre su postura de invocar al Estado peruano a no aprobar la denominada 'Ley de Amnistía'.
En ese sentido, Maldonado calificó como un "despropósito" la carta enviada por los titulares del Ejecutivo y Legislativo. Recalcó que se trata de un ataque a la Corte IDH y que la misiva carece de mérito.
"Es un despropósito, es un ataque a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una intervención a una respuesta fuera de lugar, desproporcionada, carente de sustancia, de mérito y de razonamiento. Allí se nota la letra del canciller (Javier González Olaechea)", señaló.
Antonio Maldonado descartó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya cometido "excesos" en cuanto a su resolución sobre la 'Ley de Amnistía' y que el organismo internacional actuó en el cumplimiento de sus funciones bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Manifestó que lo que existe es un "exceso" por parte de la presidenta Boluarte y del titular del Congreso, Alejandro Soto, y que la misiva demostraría "un desafío y una amenaza".
"No se trata de órdenes, se trata de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una disposición en el marco del cumplimiento de sus funciones bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de acuerdo con su reglamento; aquí no hay ningún exceso. El único exceso que existe es la carta de la señora Dina Boluarte y del presidente del Congreso, Alejandro Soto. Aquí hay un abierto desafío, es una amenaza, es una postura totalmente fuera de lugar, carente de verdad y en cada punto de esta carta hay puras falsedades. De tal manera que es lamentable y va en contra de la tradición histórica de respeto del Estado peruano al derecho internacional, como lo demostraron ilustres cancilleres de la República. Esta es una carta sin ningún valor moral, ético y político; esa carta no sirve para nada", argumentó.
Asimismo, Maldonado, al ser consultado sobre las declaraciones de Boluarte Zegara ayer en Palacio de Gobierno respecto a que todavía no tenía la 'Ley de Amnistía' y que posteriormente esta versión fue desmentida, el exprocurador anticorrupción manifestó que la titular del Ejecutivo intenta 'lavarse las manos y desconocer su responsabilidad', puesto que, como máxima autoridad del país, la mandataria se encuentra en la obligación de cumplir las disposiciones internacionales.
“Lavarse las manos, desconocer su responsabilidad como jefa de Estado, que tanto el Estado peruano al asumir determinadas obligaciones jurídicas e internacionales está obligado a cumplirlas. Esto se refiere tanto a las normas contenidas en tratados internacionales de derechos humanos como a las normas que surgen del derecho constitucional internacional. Esto está pacíficamente establecido en el derecho internacional público y tiene gran antigüedad (...) La señora (Dina Boluarte) intenta lavarse las manos, no muestra transparencia. Es una persona que miente habitualmente. Es una persona en la cual no se le puede creer, una persona que miente y no reconoce, no está en la capacidad de distinguir el bien y el mal. Y realmente el Ejecutivo y el Congreso están al margen de la ley en este momento", enfatizó.
Maldonado indicó que ante la postura del Gobierno de Boluarte y la gestión de Soto Reyes de enviar una carta de rechazo a la Corte IDH no traería "sanciones". Sin embargo, la actual coyuntura permitiría que se genere un "descrédito internacional" y poca confianza en los inversionistas. Así como también afectaría en la consolidación de la imagen del Estado peruano.
"No hay un sistema de sanciones, pero supuestamente el sistema interamericano está integrado por dos órganos, uno casi jurisdiccional, la Comisión Interamericana, que también está integrada por órganos políticos. Estos órganos políticos se supone que defienden el orden público interamericano. Por tanto, se esperaría que el Consejo Permanente de la OEA y otros órganos discutieran este asunto y mostraran su preocupación por esta postura, exigiendo que el Gobierno peruano cambie de posición y reconozca su error. De lo contrario, las consecuencias pueden ser morales, como el descrédito internacional, la falta de confianza de los inversionistas internacionales, la consolidación de la imagen de que el Estado peruano no es serio, con una situación similar a la de Venezuela o Nicaragua. Esto podría llevar a un mayor aislamiento del país", enfatizó.
