A propósito de las diversas y lamentables noticias de situaciones de violencia de género cometidas tanto al interior de recintos deportivos, como también conductas realizadas fuera de los mismos -pero ejecutadas por jugadores profesionales-, el Gobierno envió este lunes un oficio al presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, con el fin de abordar este tipo de casos que han afectado al mundo del fútbol.
Mediante este oficio, que hace especial hincapié en los casos ocurridas en ligas de fútbol que involucran a menores de edad, las autoridades de Estado solicitaron a la ANFP entregar al Ministerio Público toda la información disponible respecto a la ocurrencia de hechos que pudiesen ser constitutivos de delitos.
La ministra Antonia Orellana señaló que, desde el Ejecutivo, buscan impulsar un mejor funcionamiento de los decretos y protocolos al interior de las instituciones deportivas “a partir del endurecimiento de la ley, el año pasado y también a partir de la toma de razón del registro de ofensores en Contraloría”.
“Creemos que es necesario que la estructura máxima del fútbol en nuestro país dé las señales de confianza y transparencia respecto al manejo de denuncias al interior de sus instituciones, y pueda entregárselas a quien es el órgano encargado en nuestra Constitución para investigar los delitos, el Ministerio Público”, destacó.
Por su lado, el ministro Pizarro enfatizó que “es fundamental resguardar la esencia del deporte, cuya naturaleza es propiciar espacios seguros, de sana convivencia y un ambiente familiar. Es fundamental que desde todos los espacios trabajemos y contribuyamos a combatir todo lo que atente contra ello. Si queremos que el deporte siga siendo un punto de encuentro, es esencial la colaboración de todos los actores involucrados”.
Esta solicitud busca acelerar la entrega de antecedentes ante la Justicia y que las instituciones puedan entregar respuestas oportunas y reparadoras a las víctimas, asegurando la no repetición de estos hechos en el futuro.
Esto se enmarca en el mandato de la Ley N° 19.712, la cual establece como deber del Estado asegurar condiciones necesarias para el desarrollo de actividades físicas y deportivas; lo que incluye la necesidad de sancionar todas las conductas de acoso y abuso sexual, discriminación y maltrato que puedan ocurrir en este contexto específico.
Según el “Estudio Sudamericano de Fútbol Femenino 2023 #NosotrasJugamos”, desarrollado por la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y la División Sudamericana del Sindicato Mundial de Futbolistas; un 73% de las futbolistas sudamericanas ha sido víctima de acoso sexual, mientras que un 42% afirmó haber sentido temor a vivir este tipo de situaciones.
Además, en la investigación -que contó con la participación de 1.171 jugadoras de siete países como Argentina, Chile, Colombia- se encontró que un 85% ha experimentado algún tipo de discriminación de género en su carrera deportiva; y que un 40% de las jugadoras de primera división considera que el fútbol promueve la violencia de género.
Cabe recordar que el día jueves 4 de julio se desarrolló, en la Cámara de Diputados y Diputadas, la quinta sesión de la Comisión Especial Investigadora por Agresiones Sexuales en el Deporte. Una instancia que surgió tras la denuncia de una joven que acusó ser víctima de una violación grupal por parte nueve excadetes de Cobreloa, quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva.
