Moncloa y Vox están «utilizando políticamente» a los menores no acompañados que llegan a Canarias a partir de una crisis que ha ido a más desde 2021, pero en la que los procedimientos administrativos que se están utilizando para enfrentar el problema no han cambiado desde ese primer acuerdo firmado por el Gobierno y las comunidades autónomas para atender la situación de saturación que sufre el archipiélago.
En la reunión que está convocada hoy, la discusión está centrada en el dinero, porque la base del acuerdo de reparto de cuotas viene desde 2021, y son las propias comunidades las que resaltan que el pacto ya se ha ejecutado en los años anteriores, «con una media de cuatrocientos traslados».
La financiación que ofrece el Gobierno es claramente deficitaria, y esto lo que discuten las comunidades, mayoritariamente gobernadas por el PP. No si se acepta o no la entrada de menores no acompañados, que en el caso de aquellas que tienen costa, como la Comunidad Valenciana, ya tienen sus propias entradas de pateras. El Gobierno también envía «menores camuflados entre los mayores de edad, por la puerta de atrás», según se queja el Gobierno valenciano.
La realidad es que este es un tema caótico, en el que se hay más uso político que interés por dar soluciones reales. En ese sentido, el planteamiento de Vox está también desajustado de la realidad, porque no hay nada que haya cambiado sobre años anteriores, y todo es un procedimiento público que hasta ahora nunca habían utilizado como amenaza para romper los gobiernos de coalición con el PP.
Lo que más llama la atención es que la urgencia que impone el Gobierno a este tema, y la presión que en público están colocando sobre el PP, identificándole con Vox y tachándole de xenófobo, no se compadece con la gestión privada que están haciendo de este asunto.
Si es tan importante resolver la situación en la que se encuentra Canarias por el problema de la presión migratoria, lo lógico es que la reunión de hoy se hubiera preparado internamente, sin cruce de mensajes y acusaciones a través de los medios de comunicación, y planteando fórmulas previas que permitieran facilitar un acuerdo una vez reunidas todas las partes alrededor de la mesa de trabajo.
Sin embargo, no ha habido llamadas desde el ministerio que ahora ha tomado la dirección de esta política, dentro de un esquema de reparto de competencias en el gobierno que resulta caótico por los distintos ministerios implicados en la materia.
No ha habido, por tanto, ninguna comunicación con las comunidades, más allá del acta ordinaria en la que no se recogen los procedimientos extraordinarios ni tampoco la reforma de la ley de extranjería sobre la que las comunidades del PP ya han anticipado que, al tratarse de una reforma legislativa, debe remitirse al Congreso. Con ellas no se ha contado para la amnistía ni se está hablando tampoco con ellas de financiación autonómica.
El Gobierno filtró ayer que su propuesta a las comunidades es que acojan a 347 migrantes de Canarias, en la media de las propuestas de otros años. Con Cataluña, Madrid, Andalucía y Extremadura como las que más tienen que recibir.
El año pasado, por ejemplo, se acordó trasladar desde Canarias y Ceuta a la Península a 373 menores con una financiación de 20 millones de euros. Sin embargo, según fuentes del gobierno, finalmente sólo 62 fueron acogidos en solo tres comunidades, Andalucía, Aragón y Asturias. El resto sigue en Canarias.
La letra de lo que hay de verdad encima de la mesa pone en evidencia el escándalo que está montando Vox con un tema que no es nuevo y en el que tampoco hay novedades extraordinarias más allá de los anuncios del Gobierno que no están concretados todavía en nada.
Esto lleva a pensar que detrás está la presión doméstica del fenómeno Alvise, que amenaza con restarle terreno al partido de Santiago Abascal, pero también la recolocación de este partido en el ámbito europeo dentro del grupo que ha impulsado el primer ministro húngaro Viktor Orbán.
En España hay más de 14.000 menores no acompañados. Y Canarias acoge al 43 por ciento, 6.000 menores que llegaron solos a las islas. Ante la reunión entre el ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas, Unicef ha pedido que se colabore en un acuerdo para que se despolitice la crisis.
Ante la amenaza de Vox de romper los gobiernos de coalición, la dirección del PP destacó ayer que hay un Gobierno que no cumple con sus obligaciones y que juega a la división, pero tampoco aceptan los órdagos de nadie.
«Ofrecemos solidaridad, pero exigimos medios», defendió el portavoz del PP, Borja Sémper. El dirigente popular destacó que las comunidades del PP acogen al 81 por ciento de los menores no acompañados. Y solicitó un fondo de contingencia con dinero suficiente para dotar a las comunidades de los medios que necesitan.
