A través de un comunicado, la Municipalidad de Lima informó que el primer Juzgado Constitucional de Lima ha admitido a trámite la demanda de hábeas corpus que la administración de Rafael López Aliaga presentó en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y La Autoridad de Transporte Urbano (ATU), así como de las empresas Metro de Lima Línea 2 S.A. y Consorcio EPC, debido al bloqueo de tráfico vehicular por la construcción de la Estación Central (E-13) Línea 2 del Metro de Lima.
Según la Municipalidad de Lima, se ha emprendido una "inconstitucional restricción a la libertad de tránsito" en la zona. Como se recuerda, desde el domingo 7 de julio se han iniciado los trabajos preparativos para la nueva terminal subterránea, ubicada en la intersección de la av. 9 de Diciembre (Paseo Colón) con el óvalo Grau.
"Los demandados quieren imponer sus propias reglas y zurrarse en nuestra constitución, que reconoce la autonomía municipal que se ve afectada al cercenarle competencias a la MML, la que legalmente es responsable ante la ciudadanía si la ejecución de la obra genera daños", se expresa en el documento.
"A los demandados no les ha importado el patrimonio cultural que está en juego, lo que les interesa es ejecutar la obra a cualquier costa, sin importar, ni provisionar que esta puede generar daños a la ciudad y sus habitantes", agrega.
La Municipalidad de Lima también indica que el procurador público Diego Carlo Tapia Mazzotti será el encargado de emprender la demanda penal. Si bien indica que "no está en contra de la libertad de empresa ni de que la metrópoli se modernice", la gestión de Rafael López Aliaga considera que el bloque de la vía es "inconstitucional" ya que los acusados "se han saltado la valla de las autorizaciones municipales, que todo ciudadano decente y honesto debe tramitar para realizar una actividad económica".
La MML también acusa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de no cumplir el acuerdo suscrito días atrás, en el cual el sector se comprometía a terminar la obra en 13 meses. "Esperamos que el Poder Judicial entienda que la vida de los ciudadanos está en juego, porque los técnicos de la MML no han certificado que la misma cumpla con las condiciones técnicas mínimas para evitar un desastre", concluye el comunicado.
