Cuando la innovación tecnológica es exponencial y permanente, los esfuerzos por construir marcos regulatorios óptimos, en el contexto de los principios de una buena gobernanza, requieren de un enfoque multidisciplinario, abierto, transparente e inclusivo para fomentar un progreso responsable. Ello sin dejar de colocar en el centro de las deliberaciones a las personas y sus derechos.
Entre esas innovaciones hay que destacar la inteligencia artificial (IA), que se ha ido insertando en nuestras vidas, de manera directa o indirecta, impactando en el desarrollo de nuestras actividades. Las repercusiones han sido tales que su uso ha modificado rápidamente diversas áreas de las sociedades: salud, educación, economía, relaciones laborales, hasta temáticas ligadas a la seguridad y defensa. Si bien la IA representa oportunidades significativas para el desarrollo y la eficiencia de diversos procesos, también ha traído consigo desafíos que requieren una atención ética y regulatoria cuidadosa.
En el caso mexicano, la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial (ANIA) –un mecanismo multisectorial que incluye a los actores interesados en su regulación– y la UNESCO han hecho sinergia para impulsar e identificar políticas, principios y estándares que nos permitan fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico mientras se protegen los derechos y valores humanos fundamentales.
Como parte de los esfuerzos por regular la IA se creó la Metodología de Evaluación del Estadio de Preparación (Readiness Assessment Methodology, RAM por sus siglas en inglés), un trabajo liderado desde el Senado de la República por la senadora Alejandra Lagunes, Gabriela Ramos desde la UNESCO, y por María Elena Estavillo, desde el Centroi, que unió a más de 250 personas de organizaciones nacionales e internacionales, organismos autónomos, autoridades y actores interesados. Este reporte brinda un diagnóstico sobre las necesidades de regulación y estándares éticos, así como los diseños de esquemas de gobernanza que tiene México en la Inteligencia Artificial.
Este documento resulta relevante porque permite a México sumarse a los más de 60 países que utilizan esta metodología, la cual puede resumirse en cuatro recomendaciones y líneas de acción: 1) La elaboración de un mapa funcional del ecosistema; 2) La integración de un marco jurídico para la IA que parta de la consideración de las normas existentes aplicables; 3) Crear el diseño institucional y de gobernanza de la IA que responda a los objetivos y las necesidades de las políticas públicas y la regulación; y 4) Publicar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que debe considerar la ciberseguridad, un enfoque ético incluyente, que coloca en el centro a las personas tomando en cuenta su sostenibilidad ambiental, la atención de las nuevas demandas educativas y laborales, así como la necesidad del impulso a la infraestructura.
Este ejercicio identificó un abandono de la agenda digital nacional, también se resaltó las fortalezas mexicanas en la materia y aquello que podría apuntalar el desarrollo de una estrategia. Entre las fortalezas identificadas en el reporte “” podemos citar: el marco jurídico vigente en materia de derechos humanos, principalemente en materia de protección de datos personales y privacidad; la existencia de los organismos autónomos, el sistema nacional de información y estadística y la activa colaboración de la sociedad civil, el sector privado, los gobiernos locales y el Poder Legislativo.
Sin duda, este análisis propone soluciones tangibles para mejorar el desarrollo, el uso de la IA y el conocimiento que debemos tener del entorno, así como las mejoras regulatorias, la creación de un diseño institucional y la Estrategia Nacional para promover una innovación tecnológica más ética y transparente.
