El discurso contra la acogida de menores inmigrantes por parte de las comunidades autónomas de Vox no tiene eco alguno en Andalucía. En medio de una situación de inestabilidad en muchos territorios por la amenaza de la formación de Santiago Abascal de romper sus acuerdos de gobierno, la Junta de Andalucía saca pecho de su mayoría absoluta, trata abanderar un discurso conciliador y abierto a la acogida de los menores inmigrantes y sigue ampliando su distancia con Vox y su posición propia en el panorama nacional. «Lo que diga Vox al Gobierno de Andalucía no le condiciona en absoluta. Sus palabras son declaraciones poco afortunadas que obedecen más a un eslogan que a la realidad. Nosotros, gracias a la confianza de los andaluces no tenemos ningún problema con esas declaraciones. Nuestra posición depende del interés general de los andaluces y lo que diga Santiago Abascal no nos afecta en absoluto», resumió el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco. El Gobierno andaluz mantiene un equilibrio en su posicionamiento sobre la polémica del reparto de menores inmigrantes acordado entre el Gobierno de España y Canarias con un cambio en la Ley de Extranjerí a. Por un lado, es muy crítico con la gestión del Gobierno de España, con la falta de financiación y diálogo y con el propio modelo que «no funciona». Pero, por otro lado, defiende una posición abierta a la acogida de menores inmigrantes, comprometida con que tengan un trato adecuado debido al sufrimiento que han padecido al dejar atrás sus países y defensora de la inmigración como un eje necesario del desarrollo sociodemográfico andaluz. Todo esto en un escenario en el que no tiene ningún condicionamiento de discurso extremos en materia de inmigración como los defendidos por Vox. A esto se añade que aunque por su situación geográfica y por su peso político con un diputado en el Congreso de CC, Canarias está condicionando el discurso en torno a la inmigración, la realidad de las costas andaluzas es también de una enorme complejidad. De ahí que el portavoz del gobierno volviera a plantear una «singularidad andaluza» y pusiera encima de la mesa condicionantes como el «peso migratorio» para condicionar los criterios de reparto y la reforma de la Ley de Extranjería.
