Las exmonjas del monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos) han asegurado este martes, a través de un comunicado de la que fuera abadesa, Laura García de Viedma, que su comunidad estuvo siempre al corriente de las obligaciones financieras hasta la intervención del Arzobispado.
En el escrito, en el que García de Viedma aclara que actúa en representación de la asociación que resulta de la transformación de la entidad religiosa Monasterio de Santa Clara de Belorado, expone que se ha detectado la usurpación ilegítima de sus cuentas bancarias.
“En base a las recientes manifestaciones publicadas en diversos medios de prensa y provenientes del mismísimo Arzobispado de Burgos, se ha detectado la usurpación ilegítima de las cuentas bancarias pertenecientes a nuestra comunidad (hoy asociación), sin que medie procedimiento judicial alguno que justifique dicha intervención”, ha considerado.
El Arzobispado de Burgos recibió hace unos días una factura de 6.900 euros de un proveedor que vendió al monasterio de Santa Clara de Belorado sábanas de seda, edredones nórdicos de alta gama y cubrepiés de terciopelo, y que las exmonjas burgalesas adeudan desde enero.
Los juegos de cama estarían destinados a la visita de algún cardenal, o al menos eso es lo que le comentaron las exmonjas al empresario, que ha pedido al Arzobispado el pago inmediato de su factura, aunque tendrá que esperar a que se hagan las cuentas oportunas pues las deudas son numerosas y el saldo de las cuentas de las exreligiosas limitado.
A mediados de junio, las exclarisas expulsaron del monasterio al falso obispo, Pablo de Rojas, y al falso cura -y coctelero- José Ceacero, bajo cuya tutela espiritual de la Pía Unión San Pablo Apóstol, se habían acogido tras la publicación del Manifiesto Católico, el 8 de mayo, en el que manifestaron su voluntad de separarse de la Iglesia católica.
El proveedor les ha comentado que su caso no es único y existirían otros proveedores en la misma situación, con grandes facturas pendientes de pago desde hace meses y por conceptos como jamones ibéricos o teléfonos iPhones, si bien el Arzobispado no ha recibido ninguna factura de este tipo.
Las exreligiosas han remitido al Arzobispado facturas por valor de 35.000 euros, con 3.000 euros solo en suministros como luz, gas o teléfono, algunas de las cuales son antiguas, que se están revisando.
Además, la institución que preside Iceta ha pagado ya 18.000 euros de los créditos concedidos a la comunidad de Belorado: uno de 150.000 euros para renovar la cocina y otro de 42.000 euros para poner placas solares en Orduña, que se suman a la hipoteca de 700.000 euros sobre el monasterio de Derio, en principio para pagar las obras de Orduña;
De ellos, quedan por pagar 600.000 euros de la hipoteca, 72.000 del préstamo de la cocina y otros 30.000 del préstamo de las placas solares, y el Arzobispado recuerda que no dispone de información sobre dónde se encuentra ese dinero ni tampoco a dónde va el que ingresan actualmente de la venta de productos del obrador.
“Están proliferando informaciones falsas que nos presentan como morosas ante empresas y particulares, afectando gravemente a nuestra reputación”, ha reflejado en el comunicado, en el que destaca que siempre han cumplido “puntualmente” con sus obligaciones financieras.
“Resulta especialmente alarmante que la persona ahora a cargo de nuestras cuentas haya sido previamente sancionada por el Banco de España debido a irregularidades en la gestión de cuentas de terceros”, ha criticado, antes de reclamar que el Banco de España tome conocimiento de esta situación. En 2013, cuando Mario Iceta era obispo de Bilbao, fue sancionado por el Banco de España con una multa de 30.000 euros por su participación en la gestión Cajasur hasta su intervención por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
En el escrito, las exmonjas han insistido en que siempre han asumido la responsabilidad de todas las facturas generadas por su comunidad y que, hasta la intervención del Arzobispado, estaban al corriente de todas las obligaciones financieras. “Esta intervención no solo nos está asfixiando económicamente, sino que también nos está proyectando ante la opinión pública como deudoras y caprichosas, lo cual dista mucho de nuestra realidad y nuestra conducta habitual”, ha lamentado.
Ante esta situación, ha solicitado que se inicien las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos denunciados y se restablezca “la legítima titularidad y gestión” de sus cuentas bancarias.
Ha demandado que se depuren responsabilidades por la usurpación “ilegítima” de sus cuentas y “por la difusión de informaciones falsas” que afectan a su reputación y que se informe y, en su caso, se solicite la intervención del Banco de España respecto a la gestión de estas cuentas por parte de una persona previamente sancionada por dicha entidad.
“En defensa de nuestro buen nombre y derechos, no dudaremos en emprender todas las acciones legales que sean necesarias, incluyendo la interposición de demandas sucesivas hasta lograr el resarcimiento correspondiente”, ha advertido.
El abogado que representa a las exmonjas ha manifestado que se han producido dos hechos, uno de ellos que se separan de la Iglesia católica y el otro que la entidad se transforma en una asociación con sus estatutos, presidenta y junta directiva.
Ha sostenido que el arzobispo no es el representante de esa asociación y ha recordado que el monasterio cuenta con una actividad de elaboración y venta de dulces que conlleva contratos con proveedores y vendedores.
Si las cuentas bancarias las controla el arzobispado se causarían perjuicios porque las deudas las pagaban con los beneficios de la actividad económica que desarrollaban, ha agregado.