El Juzgado Penal de Liberia cumplió este lunes cinco días atendiendo la audiencia de medidas cautelares en contra de un grupo de presuntos narcotraficantes detenidos el 1.° de julio pasado en Guanacaste y Alajuela, quienes al parecer enviaban cargamentos de cocaína a Estados Unidos y México.
Según la pesquisa de este expediente, conocido como Caso Coraza, esta organización habría reclutado en sus filas al gerente de seguridad que laboraba para el hotel Punta Islita, quien aparentemente facilitaba la pista de aterrizaje a la agrupación sin que los dueños del hotel lo supieran, pues la empresa hotelera no tiene relación alguna con el caso y más bien colabora con las autoridades judiciales.
Además del gerente, están implicadas otras 13 personas señaladas por tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, facilitación de pistas clandestinas, asociación ilícita y portación ilícita de armas.
Este lunes el Departamento de Prensa del Poder Judicial informó que la jueza a cargo de resolver las medidas cautelares dictó prisión instrumental contra los detenidos hasta el miércoles 17 de julio, para dar tiempo a que concluya la audiencia.
Ese recurso no es muy usual y se solicita cuando las exposiciones se alargan mucho por la cantidad de imputados y de abogados en un determinado caso. Mediante la prisión instrumental, se amplía el plazo para conocer los argumentos de los abogados y de la Fiscalía, con el fin de dictar luego las resoluciones que correspondan.
La Fiscalía Adjunta de Liberia fue la encargada de pedir medidas cautelares en contra de la banda liderada por un sujeto de apellido Fonseca, de 35 años.
Se detuvo también a dos oficiales de la Fuerza Pública, apellidados Turcios Castrillo y Concepción Concepción, quienes habrían facilitado las labores a la organización delictiva. Concepción, de 43 años, fungía como jefe policial de Nandayure.
La organización operaba desde 2020 y, al parecer, se encargaba de movilizar cargamentos de cocaína provenientes de Colombia. La droga se almacenaba un tiempo para luego trasladarla a Bagaces, a la península de Nicoya y a Upala, desde donde, por medio de pistas clandestinas, la sacaban vía aérea hacia su destino final.
La causa es la 22-000251-0396-PE y los otros imputados son de apellidos Alfaro Segura, Abarca Mendoza, Suárez Ugalde, Fuentes Rojas, Cascante Ocampo, Aragón Sandoval, Rojas Barboza, Oconitrillo García, Araya Villarreal, Cabalceta Briceño y Brenes Gómez.
Estas personas fueron detenidas el 1.° de julio, luego de que la Fiscalía, en conjunto con el OIJ, realizara allanamientos en Bagaces, Santa Cruz, Nicoya, San Ramón y Alajuela. Los operativos permitieron decomisar más de mil cabezas de ganado, 12 vehículos de alta gama y dinero en efectivo. De acuerdo con la Fiscalía, la organización habría ocultado el origen ilícito de los dineros obtenidos en la actividad ganadera y comercial.
La subasta del ganado decomisado dejó más de ¢368 millones que antes iban a las cuentas del ICD, pero ahora, mediante la reciente reforma establecida en la ley N.° 10.495 sobre el manejo eficiente de la liquidez del sector público, van al Ministerio de Hacienda.
El caso se denomina Coraza porque, según explicó Randall Zúñiga, director del OIJ, el grupo era muy hermético y compacto, similar a una coraza.
