Cada vez que un gobierno ha intentado regular una determinada actividad económica ha tenido consecuencias inesperadas, como sucedió en 2015 cuando se aplicó el recargo al autoconsumo de energía solar conocido como el 'impuesto al sol' , que terminó desincentivando la inversión en energías renovables. Ahora vivimos un nuevo episodio de pretender poner 'puertas al campo', como es la idea impulsada por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de no renovar las licencias a más de diez mil pisos turísticos que hay en la capital catalana en 2028; una idea que se inspira en la Ley Local 18 que entró en vigor en septiembre de 2023 en la ciudad de Nueva York. Es cierto que Barcelona vive un ' boom' turístico que mes a mes rompe todos los récords: solo en mayo, que no se considera precisamente un mes de alta demanda, la ciudad recibió más de dos millones de viajeros internacionales, casi un seis por ciento que el mismo mes de 2023. A este ritmo, no hay dudas que se superará la marca de 19,4 millones de turistas internacionales que llegaron a Barcelona en 2019, actual récord histórico. Si bien es cierto que hay que establecer reglas del juego claras para que el turismo en Barcelona no muera de éxito. Dicho esto, la decisión de Collboni no solo es temeraria, sino que además podría acarrear graves consecuencias. Quitar las licencias a los pisos turísticos no impedirá que los turistas vengan a la ciudad, quien quiera hacerlo encontrará la forma de alojarse. Asimismo, las trabas que ha impuesto Collboni forman parte de los gestos del PSC hacia Esquerra Republicana (reconocidos por su 'turismofobia' ) para ganar su apoyo no solo en el consistorio sino también para impulsar la candidatura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. En este sentido, la decisión de Collboni perjudica notablemente a los propietarios de pisos de temporada. Por esta razón, estamos ante las puertas de la creación de un mercado negro de la vivienda turística, donde los hoteles incrementaran los precios de las habitaciones e impulsará el surgimiento de pisos para turísticos en las ciudades colindantes, que no tienen tanta regulación como en Barcelona. Dicho de otra forma: el problema que tiene Barcelona se trasladará a las ciudades del área metropolitana. Para comenzar, hay un evidente perjuicio económico tras esta medida. Los 10.101 propietarios de viviendas turísticas de Barcelona , que ya venían presionados por las medidas tomadas por el gobierno de Ada Colau, han realizado importantes inversiones para adecuar sus alojamientos a las normativas municipales y puedan estar inscriptas en plataformas de reservas como Airbnb . La mayoría no son grandes tenedores, sino de pequeños propietarios que ponían en el mercado un piso o una habitación para el turismo y poder tener un ingreso adicional. Con las futuras restricciones habrá empobrecimiento de una parte de una parte de la población local que aporta a la economía de Barcelona. Por eso no me extraña que en breve haya una serie de demandas de propietarios contra esta resolución. Igual de preocupante resulta la anticipada proliferación de alojamientos que actuarán fuera de la ley , que no se publicitarán por Airbnb y otras plataformas de reserva sino por medio de redes sociales o servicios de mensajería. Quizás muchos sean de pisos que funcionaban antes, pero la medida deja la puerta abierta al surgimiento d e alojamientos sin seguro o sin garantías para los huéspedes. Si Collboni, el PSC y sus aliados no creen que sucederá eso, basta ver qué ha sucedido con Nueva York desde que se promulgó la Ley Local 18, que solo autoriza alquileres a los propietarios registrados (tras un largo proceso burocrático) y donde se exige al anfitrión que esté residiendo en la vivienda que se ofrece como alquiler. Como no está permitido alquilar a más de dos huéspedes , las familias con niños no tienen lugar en la nueva normativa. La medida provocó que la oferta de apartamentos para alquileres de corto plazo se redujera un ochenta por ciento, por lo que los 65 millones de turistas que cada año visitan la Gran Manzana tienen dos alternativas: pagar más por un hotel o ir a otra ciudad . Mientras que en EEUU el precio de los hoteles subió el tres por ciento en los primeros meses del año, en Nueva York se dispararon entre el diez por ciento y el veinte por ciento (en una ciudad donde el precio medio está entre los 350 y los 393 dólares por noche, precisa un estudio de CoStar). Una encuesta de Airbnb reveló que la mitad de los turistas estaban inclinados a buscar algún alojamiento turístico ilegal , y que el sesenta y cinco por ciento considera que no podía pagar los disparatados precios de los hoteles neoyorquinos. El impacto económico, calculaba la plataforma, era una pérdida de casi 1.100 millones de dólares (1.018 millones de euros) en impuestos. Los números están a la vista: si Collboni pretende seguir el modelo de Nueva York y sufrir esas consecuencias , que siga poniendo regulaciones restrictivas al turismo. Pero no por ello los turistas van a dejar de venir. Por Iñaki Unsain, PSI (Personal Shopper Inmobiliario) de referencia en Barcelona y director general de ACV Gestión Inmobiliaria
