En España no existen herramientas que sirvan al Gobierno para fijar cómo debe ser y controlar el comportamiento de ministros, el propio presidente y el resto de alto cargos.
La OCDE lleva desde los años 90 pidiendo que se implanten sistemas que aseguren la integridad institucional que incluyan estos códigos gubernamentales.
Somos, en este sentido, una excepción ya que en el resto de Europa son corrientes los códigos de conducta en las administraciones públicas y obligatorios en empresas reguladas.
Con la intención de resolver esta carencia, y ya habiendo hecho el trabajo, la fundación España Mejor, que encabeza la abogada Miriam González, presenta el primer código ético del Gobierno español.
El fin último, explican desde la entidad, es que se eleven de una vez por todas los estándares de conducta que se exigen a los miembros del Consejo de Ministros y al resto de administraciones del país para que puedan servir de referente a la sociedad.
Su implantación pasa indudablemente, explican, por la creación de dos órganos garantizas. El asesor independiente tendrá la responsabilidad de "acompañar, asesorar y proponer soluciones y medidas" a las acciones del Consejo de Ministros en lo que afecte al cumplimiento del Código.
Y, por otro lado, la oficina de ética, ejercerá la función de asesorar al presidente del Gobierno en cuestiones éticas y trasladará al Ejecutivo recomendaciones en torno a ello.
El nombramiento de los miembros de la oficina dependería del Gobierno, a propuesta del presidente, pero habiendo recabado la aprobación por mayoría simple del Congreso de los Diputados. El asesor sería escogido de igual maneras, pero por mayoría absoluta en la Cámara baja.
Un punto fundamental, también por estar de actualidad con la investigación del "caso Begoña Gómez", son las medidas de prevención que se propone en este código ético para evitar que haya casos de conflicto de interés en el Gobierno.
Según expone, los ministros se abstendrán de participar en la discusión, votación o consideración de un asunto con el que puedan mantener un conflicto real (cuando es evidente), potencial (que puede aparecer si no adoptan medidas para evitarlo) o aparente (cuando de facto no existen pero las circunstancias pueden despertar sospechas públicas).
Previamente, el ministro tendría que trasladar el motivo que puede provocar el posible conflicto a la oficina de ética, que es la que, a su vez, tiene que poner en marcha procesos preventivos para evitar que llegue a producirse o subsanarlo.
Entre la medidas principales, prohibir acceso a documentos y tener en cuenta los conflictos que nazcan de relaciones personales o laborales de amigos o familiares de los miembros del Ejecutivo.
Tampoco se permitiría, tal y como plantea este documento, a los ministros, el mandatario y sus familiares y amigos íntimos aceptar invitaciones de grupos de presión u otras organizaciones privadas más allá de las obligaciones estrictamente institucionales del cargo.
