La fiscalía pide la máxima pena para la líder de Fuerza Popular y los que considera el núcleo central de la presunta organización criminal. Los procuradores pedirán el pago de una millonaria reparación civil. El miércoles, inician los alegatos de los abogados de la defensa.
Este martes, 9 de julio, continúa el juicio del caso Cócteles y el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, reiterará en audiencia pública, este martes 9 de julio, el pedido de 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori como presunta cabecilla de la organización "La cúpula" infiltrada en el partido político fujimorista Fuerza Popular.
Pérez pide esa pena para la hija del dictador Alberto Fujimori, en calidad de presunta autora de los delitos de organización criminal y lavado de activos; y presunta autora mediata por dominio de organización de los delitos de obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
El fiscal Pérez les informó a los jueces del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, Juana Caballero, Naylo Coronado y Max Vengoa, que necesitará una hora de la audiencia del martes, para concluir la presentación de la acusación. Es posible que necesite algo más de tiempo, ya que debe precisar los presuntos hechos ilícitos que atribuye a cada uno de los más de 40 acusados y las penas que solicita para ellos.
Hay que recordar que el fiscal Pérez presentó la acusación del 'caso cócteles' por escrito en marzo del 2021. En la actualidad, está realizando un resumen oral de la acusación para conocimiento de los jueces y a la opinión pública. Según lo observado el 2 de julio, el discurso del fiscal parece está dirigido más a la opinión pública y a los medios de comunicación, que al debate jurídico.
El fiscal Pérez también pedirá 30 años y 10 meses de prisión para los que considera, junto a Keiko Fujimori, como integrantes de la cúpula de la organización criminal: Vicente Silva Checa, Pier Figari Mendoza, Ana Herz Garfías, Jaime Yochiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman y Adriana Tarazona. A los presuntos cómplices principales, Pérez les atribuye autoría en los delitos de organización criminal y lavado de activos, autor mediato en falsa declaración y coautor no ejecutivo de obstrucción a la justicia.
Además, la fiscalía solicita 22 años y ocho meses de prisión a Mark Vitto Villanela, Carmela Paucará Paxi, Luis Mejía Lecca, Rafael Herrera Mariños, Érika Yoshiyama Tanaka, Antonieta Gutiérrez Rosati, Ana Matsuno Fuchigami, Jorge Trelles Montero, José Briceño Villena, Giancarlo Bertini Vivanco, Luis Barboza Dávila, Ángela Bautista Zeremelco, Hugo Tasayco Mendoza, Milagros Maravi Sumar, Carlos Blanco Oropeza, Carlos Blanco Matzuno, Johana Mitsuko Mayer.
El fiscal pide penas de 12, 14 y 18 años de prisión para otro grupo de acusados. También aparecen como acusados de obstrucción a la justicia la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza Ávalos y los defensores iniciales en este proceso: el reconocido penalista y catedrático universitario Arsenio Oré Guardia, Edward García Navarro, Luis Lazo Mendoza, Lorena Gamero Calero y Danae Calderón Castro. Para ellos, se pide 4 años y seis meses de prisión.
En la investigación del caso Cócteles, los abogados aparecían como autores periféricos que habrían actuado luego que empezó la investigación fiscal a las actividades de la presunta organización, pero en los últimos discursos del fiscal José Domingo Pérez se les coloca en el centro de las actividades ilícitas, parte esencial de "La cúpula", alegato que no tiene relación con la acusación escrita, ni las penas solicitadas.
Luego de la intervención del fiscal José Domingo Pérez, corresponderá el turno de los abogados que representan al Estado, los procuradores. Ante la eventualidad de que Pérez necesite más de una hora para terminar, los jueces solo han programado para el martes 9 a la fiscalía y los procuradores.
A los representantes del Estado les corresponde establecer a cuánto asciende el daño económico causado por los presuntos delitos cometidos por la organización criminal y el lavado de activos. A partir de esa cuantificación o valorización de daños, los procuradores pedirán el pago de la reparación civil, un monto económico que, en caso de ser condenados, deberán pagar en forma individual o de manera solidaria.
El Cuarto Juzgado Penal Colegiado ha programado que a partir del miércoles 9 de julio se desarrollen los alegatos de apertura de los abogados de los más de 40 acusados. Ellos deberán explicar qué pretenden en el juicio y cómo contradecirán los alegatos y hechos descritos por la fiscalía.
El orden en que intervendrán los abogados se definirán el martes, aunque lo más probable que se inicie con la intervención de la abogada Giulliana Loza, en representación de Keiko Fujimori, por ser la principal acusada.
Ese mismo día se debe definirse el tiempo que tendrá cada abogado para su intervención. Un tiempo prudencial que garantice el debido proceso y el derecho de defensa. Ese tiempo, no puede ser igual al del fiscal, pues eso alargaría el juicio público afectado el derecho de los acusados a un juicio en un tiempo razonable.
La única excepción podría ser de la abogada defensora de Keiko Fujimori, al ser la principal acusada y tener que responder sobre cuatro delitos. Darle a los abogados el mismo tiempo que el fiscal supondría unas 40 audiencias continuadas. Esto es más de cinco meses de alegatos, teniendo en cuenta que en un mes se pueden realizar ocho audiencias, dos veces por semana.
Otro aspecto que el tribunal debe decidir es la situación de los acusados especiales, es decir, aquellos que están sometidos a un proceso de colaboración eficaz. Ellos también fueron citados al juicio, pero no se presentaron físicamente en las primeras audiencias debido a su condición especial. El fiscal no los incluyó en su alegato oral de acusación del martes 2 de julio. Sería necesario abordar la situación de este grupo de siete acusados para definir su situación jurídica.
