Los empresarios han puesto sobre la mesa de negociación que dirime la reducción de jornada a 37,5 horas una última vía para explorar un acuerdo amplio que pueda incluir a la patronal en un pacto que parece predestinado ser suscrito sólo por el Gobierno y los sindicatos, según los actuales mimbres del anteproyecto de ley que pretende sacar adelante el Ministerio de Trabajo. CEOE y Cepyme exigen una ampliación del periodo transitorio para la entrada en vigor de la ley respecto a la intención inicial del Gobierno de fijar el recorte horario desde el 1 de enero de 2025. La propuesta de los empresarios pasa por extender este plazo de adaptación tanto como lo que se tarde en ir renovando los convenios colectivos, a medida que estos vayan caducando. Este sería el punto de partida a partir del cual los empresarios podrían entrar a negociar un texto, que en la última versión que el Gobierno puso ayer sobre la mesa ya recogió un primer guiño hacia la patronal al incluirse una mejora en la flexibilidad de la aplicación de la jornada irregular en los sectores de producción inconstante, es decir, en aquellos en los que se concentra en ciertos periodos a lo largo del ejercicio. Las empresas pueden actualmente distribuir irregularmente hasta un 10% de la jornada anual . Lo que se propone ahora es que ese 10% quede referido a la jornada que tuvieran las empresas a la entrada en vigor de la norma y no a la nueva jornada reducida. De hecho, esta es la única novedad que recoge la última versión del borrador de anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo al que ha tenido acceso ABC. « Hasta el 31 de diciembre de 2025 , el porcentaje de distribución irregular de la jornada anual por la empresas previsto en el artículo 34.2 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores se aplicará sobre la jornada anual que tuvieran en el momento de la entrada en vigor de esta norma«, señala la nueva disposición transitoria segunda. Sin embargo, esta excepcionalidad por la cual ciertos sectores podrán rebasar el máximo de jornada durante los picos de actividad –a cambio de minorar el volumen de horas durante el resto del año– es insuficiente para congregar el apoyo de la patronal hacia una medida que tal y como está planteada conllevaría un aumento de los costes laborales directos en forma de subida salarial encubierta de 12.000 millones y que asciende a 42.000 millones si se tienen en cuenta las pérdidas de valor añadido bruto que provocaría la medida. Con Economía también apoyando las tesis de la patronal, ahora el Ministerio de Trabajo valoraría la opción de una entrada en vigor más extensa de la reducción de jornada. Tal y como señaló el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey , «tendremos que estudiar cuáles son estas posibilidades de mayor flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo y cuáles son estas posibilidades en la entrada en vigor de las normas que reducen la jornada». Explicó que la distribución irregular de la jornada laboral serviría para lograr una mejor adaptación en sectores como la hostelería, el comercio o el campo. En este punto trasladan fuentes de la patronal la importancia de que se incluya alguna dilación para la entrada en vigor de la medida ante la posibilidad de que la obligación de adaptarse a la nueva jornada desde el próximo enero genere un embudo de revisiones de convenios colectivos en las más de 5.000 mesas de negociación colectiva bipartita, lastrando además el objetivo de implantación del recorte de jornada. Las fuentes empresariales advierten de que podría un convenio en vigor con subidas salariales hasta 2025, tendría que revisar el apéndice de la jornada para su reducción con el consecuente alza de costes que implica el recorte sin merma salarial. Es decir, que estaría condicionándose de forma externa y extemporal la aplicación de un acuerdo ya suscrito por empresa y trabajadores. «La reducción de jornada hace saltar por los aires» el pacto de negociación colectiva por el que se pactaron los incrementos salariales hasta 2025», advirtió ayer el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor , que aprovechó también para pedir «medidas compensatorias» para evitar «un serio impacto» en las pymes. Por último, el Gobierno incluyó también en el texto presentado ayer a los agentes sociales un agravamiento de las multas que se ya se plantearon para los incumplimientos de la jornada , incrementando las cuantías en los supuestos en lo que estas infracciones además entrañen un riesgo para la salud de los trabajadores. En el último borrador, al cual ha tenido acceso ABC, no se recoge ninguna singularidad al respecto, sino que se mantienen las cuantías previstas en la versión inicial, y la concreción de que se aplicarán sobre cada caso de incumplimiento. El máximo sería de 10.000 euros, que sin concretarse la cuantía se incrementarían en ese supuesto de implicar un perjuicio sobre la salud del trabajador afectado. Cabe recordar que la oferta modulada de Trabajo llega tras la alineación en público del Ministerio de Economía con parte de ellos planteamientos de la patronal, señalando la importancia de proteger la productividad, y dando espacio a esa entrada más escalonada de la medida. Otro de los aspectos que también entró a dilucidar el titular de la cartera, Carlos Cuerpo , fue la posibilidad de una aplicación heterogénea en función de los diferentes sectores. Por ejemplo, incrementando la bolsa de horas extraordinarias en aquellos más tensionados (hostelería, comercio, agricultura) por contar con un mayor volumen de asalariados por encima del nuevo límite de 37,5 horas. En este sentido, tanto UGT como CC.OO. señalaron como positivo el hecho de que el Gobierno se haya movido en busca de un acuerdo sobre la materia, si bien admiten que el texto que finalmente resulte de incluir ciertas cesiones para atraer a la patronal al acuerdo. Además, ven con escepticismo la posibilidad de que la medida se dilate en el tiempo en demasía, teniendo en cuenta que el planteamiento de CEOE y Cepyme de extender la entrada en vigor el tiempo que tarden en vencerse los convenios.
