Más de 500 casos de abuso sexual perpetrado por docentes contra menores de edad fueron reportados entre 2010 y mayo de 2024 en Condorcanqui, Amazonas. Las denuncias fueron presentadas a través de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) del Ministerio de Educación; sin embargo, las víctimas no recibieron atención oportuna. Como aquellos menores en el norte del país, otro caso se registró en Apurímac, donde un padrastro violó a una menor, de seudónimo Camila. Ella quedó embarazada a los 13 años y solicitó acceder al aborto terapéutico, una práctica legal desde hace más de 100 años en el Perú, pero no se lo permitieron. Camila no solo fue obligada a continuar con un embarazo que no deseaba ni había decidido, sino que el Gobierno inició un intenso proceso legal en su contra por el delito de autoaborto, después de sufrir un aborto espontáneo.
El 13 de junio de 2023, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas determinó que el Gobierno peruano había infringido los derechos a la salud y a la vida en el caso de Camila. Según Edith Arenaza, asesora de Litigio Estratégico de Promsex y abogada de la menor, este dictamen señala la responsabilidad internacional del Estado en la violación de los derechos de la menor. A pesar de más de un año desde el dictamen, el Estado aún no ha proporcionado a Camila apoyo psicológico, acceso a estudios ni compensación económica.
Lo más alarmante es que, a pesar del contexto social crítico en el que cientos de niñas son ultrajadas, las medidas de protección siguen sin cumplirse. Este problema se ha vuelto aún más inquietante con la reciente polémica sobre las niñas estudiantes de la comunidad awajún que fueron ultrajadas. Las autoridades encargadas de velar por los derechos humanos a nivel internacional se han pronunciado en un caso, pero la respuesta del Estado peruano sigue siendo inexistente. ¿Qué significa entonces la nula respuesta del Estado al caso de Camila, en comparación con otros casos que no han recibido un dictamen internacional?
Edith Arenaza concedió una entrevista a La República e indicó que el Estado peruano ha respondido a sus cartas de pronunciamiento: "solamente nos dicen que están coordinando y realizando gestiones", pero hasta la fecha no han brindado ningún avance significativo en la reparación efectiva para Camila. De acuerdo a sus declaraciones, el Ministerio de Educación y Pronabec se excusan diciendo que las normas "impiden" emitir becas porque no tienen el marco jurídico interno para el Sistema de Naciones Unidas, solo para víctimas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, Pronabec indicó al medio que se mantiene a la espera de los resultados de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional para poder tomar acción.
"El Estado tiene la obligación de cumplir tanto los dictámenes del Sistema de Naciones Unidas como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso no es excusa para que no puedan adecuar sus normas al interior de cada sector y garantizar el cumplimiento de las reparaciones para las víctimas, y al mismo tiempo, para que el Estado pueda cumplir sus obligaciones internacionales en derechos humanos".
La ONU emitió 11 recomendaciones para garantizar una reparación en la vida de la víctima y establecer un precedente para otras menores que han sido y siguen siendo víctimas de violencia sexual. Entre estas se incluye la modificación de la actual guía del aborto terapéutico y la regulación específica para asegurar el acceso de las niñas a este procedimiento.
"Camila no es un hecho aislado. Ella representa a miles y miles de niñas rurales y también de zonas urbanas que se encuentran en la misma situación de violencia, porque en el Perú existe una discriminación y violencia sexual de forma estructurada y sistemática [...] En ese sentido, el cumplimiento de todas estas medidas por parte del Estado no solo beneficiará a Camila, sino también va a prevenir que hechos como los que ella vivió y siguen viviendo actualmente otras niñas en nuestro país se vuelvan a repetir."
Camila es un reflejo de una grave omisión, falta de compromiso con la justicia y la protección de las menores en nuestro país. El año pasado 1.353 niñas que se convirtieron en madres, la mayoría por abuso sexual. A pesar del nulo apoyo de las autoridades, ha continuado con su vida y ya es mayor de edad. Ella desea estudiar enfermería para asegurarse de que otras niñas no atraviesen por la misma experiencia. Sin embargo, ha sido obligada a cargar con un duro pasado, condenada por ello y sin recibir la ayuda apropiada.
Hasta la fecha, el Gobierno ha publicado únicamente la versión completa en español del dictamen, pero aún falta traducirla al quechua, que es crucial dado que es la lengua materna de la víctima. A continuación, se presenta un resumen de las 11 recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas para el Caso Camila:
Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.
Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.
