Mediante un oficio dirigido al Presidente del Congreso, el gobierno indicó que la norma contra llamadas spam "impediría a las empresas realizar un primer contacto para obtener el consentimiento del usuario".
El gobierno de Dina Boluarte observó por tercera vez la autógrafa de ley remitida por el Congreso de la República, que busca la eliminación de las llamadas y mensajes spam. A través de un oficio cursado al presidente del Parlamento, Alejandro Soto, el Poder Ejecutivo comunicó las razones de su decisión y subrayó que esta norma "estaría eliminando la posibilidad de realizar un primer contacto con la finalidad de obtener el consentimiento (del usuario)".
La respuesta del Poder Legislativo no se hizo esperar. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, anunció que insistirán en la aprobación de esta ley que pretende imponer nuevas limitaciones contra las empresas que llamen a los usuarios sin su consentimiento. Sin embargo, aún restan algunos procedimientos para que la norma tenga luz verde y sea revisada nuevamente en el Pleno del Congreso.
El Poder Ejecutivo envió el último jueves 4 de julio un oficio al presidente del Congreso, Alejandro Soto, con el objetivo de comunicarle que la autógrafa de ley que busca ampliar la prohibición de las llamadas spam fue observada. Según el documento, la propuesta legislativa podría dificultar la obtención del consentimiento requerido para futuras comunicaciones comerciales, teniendo un impacto tanto en los anunciantes como en los consumidores.
"Esta prohibición imposibilitaría la manifestación expresa e inequívoca del propio consentimiento del titular para las posteriores comunicaciones de tal índole, limitando no solo el interés del responsable del tratamiento de los datos personales (en este caso, el anunciante), sino también el del titular de los datos personales, impidiéndole elegir acceder a ofertas, en el caso de que sean relevantes para él", señala el oficio.
Asimismo, el Ejecutivo refirió que el impedimento del primer contacto con los consumidores contraviene la Ley de Protección de Datos Personales y planteó sus preocupaciones sobre la aplicación práctica de la ley propuesta.
"La asignación de numeración telefónica especial a terceros denominados "proveedores" podría afectar la eficiente asignación de dicho recurso, corriéndose el riesgo de no disponer de suficiente capacidad de numeración, al tratarse de un recurso escaso, dificultando la gestión y supervisión de dicho recurso de numeración a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC", explicaron.
Finalmente, el gobierno de Dina Boluarte hizo un llamado al Congreso a que "efectúe una evaluación minuciosa y cuidadosa sobre la necesidad y el alcance de los mecanismos de validación de la información propuestos en la autógrafa de ley, así como sus implicancias respecto a la inviolabilidad y secreto de las telecomunicaciones".
Por tercera vez, el gobierno de Dina Boluarte observó la norma que impide que las empresas realicen llamadas y mensajes spam a los usuarios. Como se recuerda, la primera vez fue el 2 de mayo del 2023 y la segunda ocasión se dio el 11 de octubre del mismo año.
Ante esta decisión, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, anunció "el inicio de una lucha en el Congreso para aprobar la norma por insistencia" y calificó como un "obstáculo absurdo" la respuesta del Ejecutivo.
“Lamentamos que se haya observado una ley crucial para proteger a los consumidores del acoso constante de las llamadas spam. La observación del Ejecutivo, que insiste en que los proveedores tienen derecho a un primer contacto para conseguir el consentimiento de los usuarios, es absurda”, sostuvo.
Recordemos que el Congreso de la República finalizó el sábado 15 de junio su legislatura correspondiente al periodo 2023-2024. De esta forma, la Comisión Permanente es el único órgano que tiene facultades para legislar hasta el 19 de julio. Así, que un eventual dictamen de insistencia de la ley que prohíbe las llamadas y mensajes spam podría abordarse en el reinicio de las actividades parlamentarias programado para agosto.
Si se consigue el respaldo mayoritario en la Comisión de Defensa del Consumidor, el dictamen quedará listo para ser revisado nuevamente en el Pleno del Congreso, que podría aprobarlo por insistencia.
