El Partido Popular ha advertido este lunes al Tribunal Constitucional de que, tras el "goteo de revisiones de penas por corrupción de altos cargos del PSOE andaluz", la previsible exculpación a los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por los delitos de malversación y prevaricación supondría "rematar la amnistía encubierta a los máximos cabecillas" del caso de los ERE de Andalucía, "el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia española".
"Ni una semana en España sin que la corrupción del PSOE sea noticia", destacan fuentes del PP. Recuerda que todo apunta a que el Tribunal Constitucional va a rematar la amnistía encubierta a los máximos cabecillas del mayor caso de corrupción de la historia de la democracia española tras hacerlo en los últimos días con buena parte de los dirigentes socialistas condenados por el Supremo. "El Tribunal Constitucional, teóricamente solo de garantías, volvería a actuar como uno de casación bajo la presidencia de Conde-Pumpido al estar dispuesto a dar la puntilla desmontando la sentencia del Supremo con respecto al caso de los ERE", critican.
Desde el Partido Popular exigen a los magistrados del TC "con línea directa con el Gobierno del PSOE", como es el caso del exministro Juan Carlos Campo o de la ex alto cargo de La Moncloa Laura Díez, así como a Conde-Pumpido, "que se inhiban y no sean partícipes de este revisionismo inaudito en democracia".
Las mismas fuentes aseguran que "no es admisible que haya magistrados dictando sentencias a favor de sus compañeros corruptos de partido: esto es la antítesis de la regeneración de la que habla, pero que no practica Pedro Sánchez", denuncian.
Critican también que, mientras un Tribunal Constitucional "copado de cargos socialistas" se dedica a borrar las sentencias de los ERE, Sánchez "se afana en tapar" el escándalo de la trama socialista que anida en su Ejecutivo y en su partido, además del que afecta a su mujer por estar imputada por tráfico de influencias y corrupción. "Lejos de quedarse ahí", su presidencia se sustenta sobre una Ley de Amnistía para eliminar los delitos de malversación de los líderes independentistas que pusieron en jaque al Estado de derecho. Lo que no podrán tapar jamás ni el Tribunal Constitucional ni Pedro Sánchez es que este caso de corrupción, el mayor de toda la historia de la democracia, supuso el robó de 680 millones de euros a los parados andaluces para dárselo a los amigos del PSOE y gastárselo en fiestas, drogas y prostitución.
