La Comisión de Reforma del Estado de la Asamblea Legislativa rechazó, por mayoría, un proyecto para derogar la ley que ordenó la creación de la Agencia Espacial Costarricense (AEC). La norma está vigente desde el 2021, pero no se ha hecho avance alguno para poner en operaciones al ente público no estatal.
Actualmente, la Agencia Espacial no cuenta con un director ejecutivo, recursos presupuestarios asignados, personal, una sede o el centro espacial encargado de la implementación de los proyectos, el cual, según la ley, debe estar ubicado en la provincia de Guanacaste.
La falta de un director ejecutivo también ha impedido la oficialización de un Plan Estratégico y el Programa Nacional de Actividades Espaciales.
Para el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el tema está en un “camino sin salida”, debido a las falencias en la norma que imposibilitan su ejecución.
Si bien la comisión legislativa no preparó un informe que resumiera el proceso de análisis y emitiera una recomendación a la Comisión, la propuesta de cierre fue sometida a votación el pasado 13 de junio; seis legisladores se manifestaron en contra y cuatro a favor.
Se trata del expediente 23.815, el cual fue presentado el 29 de junio del 2023 por el exdiputado Jorge Dengo Rosabal, del Partido Liberal Progresista (PLP).
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Mientras esta situación se mantiene, dos nuevos proyectos de ley para definir el futuro de la AEC iniciaron su trámite en el Congreso.
Una de estas iniciativas propone modificar la ley para volverla operativa, esta reforma es impulsada por el Partido Liberación Nacional (PLN); la otra reitera la derogatoria de la norma y fue nuevamente presentada por el PLP.
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Danny Vargas, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), defendió la continuidad de la Agencia Espacial porque, en su criterio, durante casi un año de análisis de la propuesta, “no hubo ninguna posición clara de la academia, ni de ningún argumento que justificara el cierre”.
El legislador agregó que sí escucharon recomendaciones de mejora, que su despacho integró en un nuevo proyecto de ley que ya fue presentado al Congreso y se tramita bajo el expediente 24.383.
“El fundamento de no hacer la derogatoria, que era la intención del proponente y de algunas diputaciones, no encontró tierra fértil, en el sentido de que veíamos como un retroceso empezar de cero”, alegó Vargas.
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Los cambios propuestos por el liberacionista incluyen una flexibilización de algunos de los requisitos que debe cumplir quien aspire a ocupar la Dirección Ejecutiva. Se exigiría, como grado académico mínimo, una maestría en las áreas de las ciencias naturales, exactas o tecnológicas.
Da aprobarse el cambio, ya no sería necesario un doctorado, como se estipula actualmente en la ley.
El texto de Vargas también eliminaría de los criterios de selección el contar con publicaciones científicas en medios internacionales relacionados con el área espacial y sus sectores encadenados.
Por otro lado, se incorpora una nueva condición: tener más de 10 años en labores asociadas al puesto en empresas u organizaciones con actividades internacionales, con al menos tres años en posiciones de alto nivel.
En el 2021, se intentó realizar un concurso público para hacer el nombramiento de la dirección ejecutiva, pero ninguno de los postulantes cumplió con los requerimientos.
Eliécer Fienzaig, presidente de la comisión, manifestó un criterio contrario al externado por Vargas. El diputado del PLP dijo que la ley de creación de la Agencia “no sirve para nada” y continuar con su vigencia es lo mismo que “mantener vivo un zombi”.
“¿Para qué queremos mantener vivo un zombi en vez de darle santa sepultura?, cuestionó el parlamentario.
Feinzaig externó sorpresa de que la mayoría de integrantes del foro legislativo se opusieran a la derogatoria. “Esta es una reforma indolora. No existen programas en funcionamiento, no hay personal contratado y no hay espacio físico donde esté esa AEC”, mencionó.
“Yo entiendo que haya diputados que quieran crear una Agencia con condiciones más razonables, pero lo que no tiene sentido es mantener viva una ley que no sirve para nada. Yo sí creo que es mejor empezar de cero, que empezar a hacerle reformas, a una cosa que surgió mal, que no fue bien considerada en el momento”, agregó.
El legislador también calificó de “ridículos” los términos que se definieron en la ley para la dirección ejecutiva de la AEC. En su opinión, los criterios hacen pensar que al momento de su redacción ya se “tenía una persona en mente y esa persona no está disponible para trabajar y menos por el salario que le podrían pagar, con los requisitos que le piden”.
Empero, el PLP seguirá promoviendo la derogatoria de la ley, por medio de un proyecto presentado por su diputada Cynthia Córdoba. La iniciativa se tramita bajo el expediente 24.405.
La legisladora fustigó la decisión de la comisión legislativa de mantener con vida la Agencia Especial “a pesar de que quedó demostrada la ausencia de análisis técnicos que sustenten la viabilidad financiera de esta institución, algo que también ha reiterado la Contraloría General de la República (CGR)”.
“El país debe de buscar la eficiencia del aparato estatal y cuidar los recursos de los costarricenses. La AEC es un ente creado desde las intenciones y no desde las necesidades reales de la población y las capacidades financieras del Estado costarricense”, agregó.
La ley definió que la AEC esté bajo la tutela de un Consejo Directivo, presidido por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). Sin embargo, este órgano no está sesionando en la actualidad.
“Esto obedece a que, al no existir una estructura operativa de la Agencia, las acciones, acuerdos o esfuerzos que se hagan desde el Consejo Directivo no pueden ser operativizados”, explicó el Micitt ante una consulta de La Nación.
Si bien la cartera de Ciencia y Tecnología dijo ser respetuosa de las competencias de los legisladores, también expresó que se ha llegado a “caminos sin salida” que imposibilitan la operatividad de la ley, debido a la forma en que esta fue redactada.
“Se realizaron las consultas requeridas de temas presupuestarios, el concurso del director ejecutivo y acciones relacionadas con los transitorios diseñados para su entrada en funciones, sin embargo, ninguna de estas acciones ha podido cumplir su objetivo debido a las inconsistencias presentadas en la ley vigente”, alegaron.
