“Ha costado mucho que las víctimas consigáis que la Iglesia reconozca el daño como para que ahora no se os garantice una reparación adecuada. El Gobierno estará a vuestro lado”. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha encontrado esta lunes en la Moncloa con representantes de media docena de asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, el día antes de que la Conferencia Episcopal (CEE) aprueba su plan de reparación integral (PRIVA), cuyo contenido adelantó, en exclusiva, elDiario.es.
Durante algo más de una hora, Bolaños –acompañado por el subsecretario del Ministerio, Alberto Herrera, y la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo– ha explicado a los supervivientes de la pederastia clerical la postura del Ejecutivo ante la intención de la CEE de establecer un sistema de compensaciones económicas no vinculante y sin participación de las víctimas, que el Gobierno considera se da “al margen de las recomendaciones del Defensor del Pueblo”.
Al encuentro han acudido las organizaciones Asociación de Víctimas de abusos de Navarra (AVA), la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Justice Initiative España, la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia (Lulacris), la Asociación nacional de Víctimas Anuladas (ANVA), Mans Petites y la Fundación Vicki Bernade. El fundador de Infancia Robada, Juan Cuatrecasas, ha valorado el “compromiso del ministro y del presidente Pedro Sánchez con las víctimas”.
Tal y como apunta el Ministerio en una nota de prensa, Bolaños ha explicado los contactos mantenidos durante los últimos meses con los responsables episcopales para negociar un sistema de reparación para los casos prescritos, en la línea con el informe Gabilondo, que reclamaba la creación de un órgano mixto Iglesia-Estado. Algo que, con el documento de la Conferencia Episcopal en la mano, no ocurriría, al menos por el momento.
En esa línea, el ministro ha transmitido que el Gobierno “no aceptará en ninguna circunstancia” un sistema unilateral como el propuesto y que no se ha transmitido “en ningún momento” al Ejecutivo. Tal y como explica el ministro, el plan de la Iglesia no cuenta con presencia de las víctimas, no es obligatorio para las diócesis y sus resoluciones no tienen carácter vinculante, por lo que no se garantiza en ningún momento la reparación.
Durante la reunión, Bolaños ha transmitido a las víctimas que el Gobierno mantiene su “apuesta por cumplir fielmente” con las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo, que fueron asumidas por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril. El ministro ha reiterado a las víctimas que se seguirá instando a los obispos a negociar un sistema de reparación acordado entre el Estado y la Iglesia, que vincule a ésta y asegure la participación y aprobación de las víctimas, esté integrado por profesionales independientes y compense adecuadamente a las víctimas de los abusos, por parte de la misma Iglesia.
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