Es público y notorio que el sector agropecuario europeo está muy mal. Lo demostramos en las movilizaciones y lo reconocen las distintas administraciones en sus palabras, que no en sus hechos. No hay una causa única que explique por sí misma la pérdida brutal de rentabilidad de los agricultores y ganaderos. Podemos hablar de la escalada de los costes de producción, del desequilibrio dentro de la cadena alimentaria, de las importaciones sin cortapisas y en condiciones de competencia desleal, de la carga burocrática absolutamente inasumible… Pero también podemos hablar de un factor que no tiene menos importancia en la crisis agraria: las imposiciones de carácter pseudoecologista que la Unión Europea (UE) ha ido implantando en los últimos tiempos. A diferencia de los ecólogos, que analizan la ecología desde el prisma científico y racional, los ecologistas empujan a la clase política a tomar medidas ideológicas, emocionales, sin argumentos objetivos. Esta manera de actuar tan arbitraria en asuntos tan sensibles como, por ejemplo, la prohibición de nuevas técnicas genómicas, la restricción de materias activas fitosanitarias, la reducción de fertilizantes, las limitaciones de laboreo, las distancias de seguridad, los plazos de quemas agrícolas y muchísimos más, han abocado a que nuestros costes sean altísimos, nuestras cosechas sean más bajas y nuestra rentabilidad sea mínima, en muchas ocasiones ruinosa. De ahí que en España haya más de un millón de hectáreas abandonadas, la edad media ya ronde los 65 años, sólo el 10% de los agricultores tengan menos de 41 años y que en los próximos cinco años dos de cada tres se jubilen. Además, gracias también al activismo pseudoecologista, la UE ha llevado los precios que pagan los consumidores a máximos históricos, cuando los productores no pueden vivir dignamente. Y ahora Ecologistas en Acción por su cuenta dice que todas las fumigaciones aéreas de plaguicidas que se han hecho en los arrozales españoles son ilegales. Total porque el Defensor del Pueblo les ha contestado que no se puede tratar con plaguicidas no autorizados para este método de aplicación y sin tener en cuenta su carácter excepcional. ¿Quiénes se creen estos para asegurar que es ilegal? Los tratamientos se han realizado dentro de la más estricta legalidad. Las administraciones competentes en la materia han efectuado las justificaciones pertinentes desde el punto de vista económico, medioambiental y de la sanidad vegetal. De lo que se trata es de producir alimentos sostenibles (ambiental, pero también social y económicamente), de alta calidad y saludables para el consumidor. Y eso es lo que estamos haciendo los agricultores y ganaderos en la UE. (No pueden acreditar lo mismo importaciones procedentes de países terceros, que no cumplen los mismos estándares en seguridad fitosanitaria, condiciones laborales y respeto del medioambiente. Y no parece que lo vayan a impedir los políticos a pesar de sus palabras grandilocuentes de «cláusulas espejo», «lucha contra el cambio climático» o «comercio justo»). Por último, a Ecologistas en Acción les decimos que dejen de engañar a la gente cuando defenestran la producción europea no ecológica. La diferencia entre la agricultura convencional y la ecológica es que la primera puede emplear plaguicidas naturales y de síntesis, mientras que la ecológica sólo puede usar plaguicidas naturales, con sus correspondientes límites máximos de residuos (LMR), pero todos ellos garantizan la más rigurosa legislación comunitaria en seguridad alimentaria. El único riesgo que corre la UE es seguir dejando que pseudoecologistas acaben por hundir al sector agrario y, con ello, provoquen más despoblamiento rural, más incendios, más desierto y la cesta de la compra más cara, que es lo que está ocurriendo. Cristóbal Aguado Laza. Presidente de AVA-ASAJA
