Denuncian que el sector se verá obligado a aumentar sus plantillas para mantener la atención y hundirá el número de profesionales y su cualificación
"La reducción de jornada laboral acentuará aún más la escasez de profesionales cualificados sin un plan de contingencia adecuado, implicará un inevitable incremento de los costes de los servicios y supondrá una carga económica adicional inasumible para nuestras entidades". Con esta contundencia, las patronales de Dependencia reclaman al Gobierno que "reconsidere la implementación unilateral de la reducción de la jornada laboral" y que se abra "a dialogar con todos los agentes sociales para encontrar soluciones que no comprometan la sostenibilidad de los servicios de atención a la dependencia".
Los empresarios de este sector han mostrado su "profunda preocupación" ante la inminente aprobación de una nueva normativa en materia de jornada laboral porque, de ser aprobada en los términos planteados públicamente, "traería consigo una serie de impactos muy negativos en un sector esencial que ya se enfrenta a una financiación insuficiente y a grandes retos en la gestión de sus profesionales, en cuanto número y cualificación adecuada se refiere", aseguraron en un comunicado.
Las entidades de la dependencia avisan de que la reducción de la jornada laboral, sin un plan de contingencia "adecuado", acentuará "aún más" el "grave problema" que representa la "escasez" de trabajadores y complicaría aún más la problemática de retener profesionales cualificados. La reducción de la jornada "puede ser bien intencionada", pero "no cuenta con apoyo suficiente ni está considerando los graves problemas del sector, profundizando la crisis de capital humano en el sector y poniendo en riesgo la continuidad de los servicios a personas en situación de dependencia", critican.
Estas patronales recuerdan que el sector opera de manera "muy significativa" bajo un modelo de gestión indirecta en el ámbito público, lo que "unido a la ley de desindexación, que impide la revisión de los precios de los contratos durante la vigencia de estos, nos sitúa en una posición particularmente vulnerable, que ahoga presupuestariamente los servicios públicos de gestión indirecta impidiendo la adecuación del precio del servicio a esta nueva realidad normativa". Por ello, apuntan que la combinación de estas normativas "generará una presión insostenible sobre las entidades del sector, dificultando aún más su capacidad para preservar la calidad de los servicios y garantizar su sostenibilidad".
Pero la mayor incidencia será económica. Por eso advierten de que esta normativa "implicará un inevitable incremento de los costes de los servicios", ya que se verán obligados a aumentar sus plantillas para mantener la calidad de la atención con las nuevas exigencias de reducción de jornada. "Esto supondrá una carga económica adicional inasumible para nuestras entidades". Además, denuncian que la decisión de Yolanda Díaz de reducir la jornada "invade competencias que son propias del ámbito de la negociación", puesto que "es una materia central de la negociación colectiva".
Por ello, las patronales de Dependencia consideran "fundamental" que cualquier modificación normativa venga acompañada "de un periodo razonable de transición y de la flexibilidad suficiente en la gestión de los tiempos de trabajo para poder responder adecuadamente a las singularidades de nuestro sector. En conclusión, las patronales del sector "queremos instar a las autoridades competentes a reconsiderar la implementación unilateral de esta normativa", al igual que consideran "imprescindible que se tengan en cuenta las necesidades específicas de nuestro sector para evitar consecuencias adversas que afecten tanto a las personas atendidas como a las entidades prestadoras de cuidados".
