El Poder Judicial (PJ) esta semana ordenó la restitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que fueron inhabilitados de forma arbitraria por una mayoría parlamentaria. La sentencia sostiene que la decisión del Congreso no llegó a los votos requeridos y que fue abusiva, caprichosa, genérica, sin sustento y desproporcionada.
No obstante, el PJ no tomó en cuenta algo fundamental: el cómo se llegó a esta inhabilitación, lo cual evidencia que se basó más en un (pre)juicio político que en una defensa de la Constitución.
Durante el 2023 se presentó, en mayo, contra la JNJ (i) una denuncia por infracción a la Constitución a partir de una “indebida interpretación sobre la edad de permanencia en el cargo”; en setiembre (ii) una remoción por causa grave por no haber presentado informes de gestión y por emitir un comunicado institucional; y, en diciembre dos remociones más, una (iii) por no haberse inhibido en la suspensión de Patricia Benavides y otra (iv) por “haber incurrido en conflictos de intereses” en el mismo caso.
Como no se pudo avanzar con las tres mociones, retomaron la acusación de mayo de 2023 con la cual, en marzo de 2024, el Congreso pudo inhabilitar por 10 años solo a los señores Vásquez y Tello, a pesar de que la supuesta infracción había sido cometida por todo los miembros de la JNJ; es decir, a una misma razón no hubo el mismo derecho.
Una vez retirados del cargo, entre marzo y julio de este año, el PJ los repuso, luego este TC, elegido por el Congreso, volvió a sacarlos (ambos casos con medidas cautelares) y ahora el PJ los ha regresado a su sitio con una sentencia, sin dejar de tomar en cuenta que el TC podrá revertir esta decisión en las que siguien.
Queda claro que para comprender el “Plan JNJ” es necesario conocer la historia completa: múltiples recursos parlamentarios, diversas razones (excusas) para retirarlos del cargo y los vaivenes jurídicos. En definitiva, esta estrategia de lograr consignas bajo cualquier razón y sin importar los medios, abona a la tesis de la arbitrariedad sostenida por el PJ, lo que trae consigo la invalidez constitucional de la decisión de una mayoría del Congreso.
