Milton Friedman y otros liberales afirmaban que la reducción de la jornada laboral puede parecer una medida moralmente beneficiosa para los trabajadores, pero sin un aumento de la productividad, es una mala idea que lleva al desempleo y a la caída de los salarios en términos reales. Ahora, el Gobierno ha decidido emprender una cruzada para reducir la jornada laboral, bajo la apariencia de nobles intenciones como mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fomentar la conciliación, pero escondiendo un pequeño detalle que parece haberse pasado por alto, el objetivo real de la medida, además de su coste y viabilidad.
La medida conlleva una transformación significativa en la estructura laboral del país, donde los empresarios son los que se llevan la peor parte, pues son “lentejas”, mientras el gobierno negocia con los sindicatos, dejando al margen a los verdaderos protagonistas que son quienes pagan estos sueños políticos. Y si lo pagan los empresarios, a largo plazo, trasladarán esos sobrecostes, vía precios, a los consumidores, para mantener sus márgenes, lo que implica que todos terminamos pagando estas ocurrencias.
Pero hacerlo, manteniendo el salario, es imponer un sobrecoste al empleador, otro más a la colección, que se apoya en la falacia de que existe una cantidad fija de trabajo que se puede repartir entre más personas, sin reducir los costes. Además, la historia demuestra que las regulaciones laborales, que supuestamente mejoran la vida de los más vulnerables, terminan produciendo pobreza y peores condiciones de vida para aquellos a los que se pretende proteger. Se trata de una medida que fomenta el desempleo y el empobrecimiento de todos.
Por tanto, sabiendo esto, la pregunta que debemos hacernos es ¿Cuál es el objetivo real de esta medida? Quizás, lo que realmente persiga sea, aparte de votos, reducir el paro estructural forzando a contratar a más trabajadores para cubrir las horas faltantes. Por cada 16 empleados con jornada reducida, habría que contratar a uno nuevo para mantener el “statu quo”, de modo que, con la población activa actual, se crearían 1,35 millones de nuevos empleos, lo que reduciría la tasa de paro a la mitad. Lamentablemente no va a ocurrir eso a tales niveles, pero es cierto que podría hacerlo de alguna forma.
Ni la productividad aumentará mágicamente con la aprobación de la medida ni los costes asociados desaparecerán por arte de magia. No es aplicable a empleos de cara al público con horarios comerciales, pues la productividad no mejorará, ni el empleado cambiará radicalmente, de la noche a la mañana, su forma de trabajar, ni bajará el absentismo laboral. Y quienes más lo sufrirán serán los autónomos y pymes, que constituyen la columna vertebral de la economía española, podrían verse ahogadas por estos nuevos costes, dados sus márgenes y débil pulmón financiero.
Trabajar menos horas y ganar más dinero es posible, sin aumentos de productividad, en un mundo ideal, donde hay pleno empleo, con un mercado laboral flexible, sin regulaciones, pues el individuo tendría libertad para elegir su jornada de trabajo y decidir si cobra por hora trabajada o por el resultado final de su actividad. No es el caso de España, donde encontrar un empleo es tener un golpe de suerte, los salarios son bajos, los contratos precarios y el mercado es muy rígido. Si añadimos la automatización y robotización de los procesos empresariales junto a la inteligencia artificial, el riesgo de aumento del desempleo se dispara.
El objetivo de las 37,5h es un objetivo de mínimos pues el modelo es una jornada laboral de 32 horas sin reducción salarial (semanas de 4 días), por lo que se aplicará la metáfora de la “rana hirviendo” para impulsar la aceptación pasiva de las condiciones de trabajo mediante cambios graduales y progresivos. Es decir, habrá nuevas rebajas en los próximos años.
En conclusión, la reducción de la jornada laboral es una idea vestida de buenas intenciones, pero con posibles consecuencias nefastas para nuestra economía a futuro, cuando ya no gobiernen quienes siembren ahora estas semillas del caos económico.
La reducción de la jornada laboral debería ir acompañada con una reorganización de las ocupaciones y de los perfiles de puestos, de la flexibilidad necesaria para compensar los mayores costes laborales con aumentos similares en la productividad sin que cambien los salarios de los trabajadores. Sin un plan sólido es una receta para el desastre a futuro y la falta de diálogo puede llevar a conflictos laborales, cierres de empresas y un aumento del desempleo. De hecho, ya hay asociaciones empresariales que plantean huelga de empresarios.
Esta medida es como organizar una fiesta y no invitar al dueño de la casa, que es quien debe pagar los costes y reparar los daños causados. La próxima idea para los que argumentan que los trabajadores descansados son más productivos será implantar las vacaciones anuales de 90 días, lo que podría acabar de raíz con el paro, al menos sobre el papel, a golpe de Real Decreto.
