La Abogacía de la Generalitat Valenciana no ha presentado escrito de acusación en la causa en la que Cristina Seguí está procesada por revelar datos de una menor acogida por un matrimonio homosexual. La Abogacía está personada en la causa y, de hecho, una de sus letradas estaba presente en el interrogatorio a Seguí del 23 de mayo de 2023, durante la fase de instrucción. Sin embargo, una vez dictado el auto de procedimiento abreviado por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 7 de València, no había ni rastro del escrito de acusación de la Abogacía de la Generalitat, según las fuentes consultadas por este diario. La Fiscalía y la acusación particular, por el contrario, piden para la agitadora ultra cuatro años y medio de prisión por tres presuntos delitos contra la intimidad. El juez dictó el auto de apertura de juicio oral el pasado 1 de julio. Una vez finalizada la fase de instrucción, la Abogacía de la Generalitat aún tiene la opción de adherirse a las acusaciones, aunque en ese caso mantendría un papel secundario. La Conselleria de Asuntos Sociales, Igualdad y Vivienda, que dirige la popular Susana Camarero, no ha contestado las preguntas de elDiario.es relativas al papel de la Abogacía de la Generalitat. Seguí fue fundadora de Vox, una formación que abandonó por disputas internas y que gobierna actualmente el Ejecutivo valenciano presidido por Carlos Mazón.
Los padres acogedores temporales de la menor, tutelada por la Generalitat Valenciana y en situación legal de desamparo, ejercen la acusación particular en la causa. Una de las direcciones territoriales de la Conselleria de Igualdad, dirigida por Aitana Mas al final de la anterior legislatura del Pacte del Botànic, tuvo conocimiento del vídeo difundido por Seguí en redes sociales y en el canal de Youtube 'Estado de Alarma, dirigido por Javier Negre, y consideró que se había hecho pública la imagen de los padres acogedores y de la menor y que se fomentaba el “odio” contra los funcionarios, según indica el auto de procedimiento abreviado del instructor.
La situación legal de la menor está inmersa en media docena de procedimientos judiciales impulsados por los abuelos paternos, incluyendo una querella contra la anterior Conselleria de Igualdad. La “entidad tutora de la niña”, según recordaba la resolución del juez, nunca consintió la difusión de la imagen de la menor, que además fue estigmatizada “públicamente” con el consecuente atentado contra su interés superior.
La agitadora ultra sostenía que una supuesta “trama institucional” regalaba bebés a familias LGTBI de “colectivos afines” a la izquierda para obtener prebendas electorales. De paso, reveló la identidad, la localidad y el lugar de trabajo de uno de los padres acogedores, que mantiene un cargo local en el PSPV-PSOE. Este periódico omite la identidad del matrimonio y la localidad donde residen para proteger la intimidad de la menor.
Los dos padres que acogen temporalmente a la niña, según explica su escrito de acusación, tuvieron que abandonar la localidad en la que residían y cambiar de vehículo tras el “sinfín de descalificativos y comentarios homófobos, cargados de odio y amenazas” en redes sociales tras la publicación del video.
Seguí se enfrenta a un segundo juicio en València tras la condena a 15 meses de cárcel y a una indemnización de 12.000 euros por los delitos de revelación de secretos y contra la integridad moral de una menor víctima de una agresión sexual grupal.
La actuación de Cristina Seguí agravó la situación psicológica de la menor, según el apartado de hechos probados de la sentencia dictada por la titular del Juzgado de lo Penal número 10 de València. La condenada aseguró en su cuenta de X (antiguo Twitter) que recurrirá “muy tranquila” la sentencia.
Por otro lado, en el terreno civil, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a la agitadora ultra a pagar 6.000 euros al exministro José Luís Ábalos por vulnerar su honor en Twitter.
