Los obispos y los religiosos españoles se sienten «engañados y ninguneados» por el Gobierno. En estas dos legislaturas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha generado no pocos roces con la Iglesia que hasta ahora se habían sorteado con «finezza» diplomática por parte de los eclesiásticos. Sin embargo, a prelados y consagrados parece habérseles agotado la paciencia. Tanto en la Conferencia Episcopal Española como en la Conferencia Española de la Religiosos (Confer), plataformas que aglutinan a los católicos de nuestro país, se ha instalado una sensación de decepción y enfado «en grado mayúsculo» con Moncloa ante la gestión que viene realizando para hacer frente a la lacra de la pederastia. Un malestar que se concentra en la persona del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que atesora también la responsabilidad de velar por la relación con las confesiones religiosas. «El Gobierno insiste en utilizar a las víctimas: pone por delante su interés político a la solución al problema», exponen desde la cúpula eclesial a LA RAZÓN.
¿El motivo? La estrategia que habría armado en estos últimos días el equipo del político socialista para deslegitimar el plan de reparación integral a las víctimas de abuso que la Iglesia aprobará este martes en una Asamblea Plenaria Extraordinaria y que está previsto que se ponga en marcha en septiembre.
El Ministerio de la Presidencia ha convocado para hoy mismo una reunión de urgencia con las asociaciones de víctimas, a la vez que ha mantenido un particular intercambio epistolar desde el 27 de junio con el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que ha desembocado en una carta de Bolaños en la que insta al arzobispo de Valladolid a que no lleve adelante la hoja de ruta prevista.
En tono amenazante, el político socialista expone en esa misiva que «no aceptará ninguna fórmula unilateral» para indemnizar a las víctimas de los casos prescritos que no contemple la supervisión y el control del Estado. Es el órdago que lanza ahora Moncloa, después de que en estos últimos meses la Iglesia tomara las riendas de una de las mayores crisis de credibilidad que ha sufrido la institución. Precisamente, cuando diócesis y congregaciones pisan el acelerador para asumir su responsabilidad subsidiaria ante las víctimas, se topan con el muro del Gobierno.
A través de una misiva cedida por Moncloa en exclusiva a El País y a la que posteriormente también ha tenido acceso LA RAZÓN, Bolaños remarca que solo admitirá «un único sistema de reparación» que pilote el Estado. La participación del Estado no es solo la única manera de cumplir fielmente con las citadas recomendaciones, sino que, además, supone la manera más rápida, eficaz y segura de abordar el problema social que nos ocupa», ratifica Bolaños.
Lo cierto es que tras los diferentes informes que han radiografiado el alcance de esta lacra, la Iglesia se puso a trabajar en un plan de reparación integral a las víctimas que comenzó a esbozarse en noviembre y que ahora ve la luz. La medida principal es la creación de una comisión independiente de expertos que determinará las indemnizaciones económicas, así como la atención psicológica y espiritual que se precise para los casos prescritos o con el abusador fallecido.
Es este organismo evaluador el que habría propiciado el choque de trenes entre Moncloa y la Iglesia. Y es que, con su comisión de especialistas la Iglesia se adelantaría a un ente que también tendría previsto crear el Gobierno. Así lo anunció en una estrategia que presentó en abril sin dar apenas detalles de cómo y cuándo se materializaría y que hoy por hoy está sin concretar. Sin embargo, ahora que los obispos se encuentran en vísperas de hacer realidad su hoja de ruta, Bolaños reacciona. Y no porque la Iglesia haya estado trabajando de tapadillo en todo este tiempo.
Desde hace meses, los obispos han hecho público que crearían la comisión y, de la misma manera, han hecho partícipes en diferentes reuniones a las víctimas, al Defensor del Pueblo, al Gobierno y al propio Bolaños cara a cara. De hecho, como explicó este jueves el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, existe una comisión técnica bilateral entre la Iglesia y Moncloa, donde se habían compartido las líneas generales de su hoja de ruta. El portavoz episcopal detalló que hay «líneas paralelas entre el plan del Gobierno y lo que nosotros proponemos». «Más que excluyente, yo hablaría de una coordinación entre ambos planes», enfatizó.
Sin embargo, no ha sido hasta ahora, contra reloj, cuando Moncloa reacciona con un ataque sin precedentes, según valoran desde el Episcopado. «Una vez más, le hemos tendido la mano al Gobierno y, como ha sucedido en otras tantas ocasiones, sea en las inmatriculaciones o en materia educativa, nos la han vuelto a jugar», relatan diferentes voces eclesiales a este diario. «No se puede confiar en quien responde al diálogo con deslealtad partidista, que aprovecha cualquier materia para presentar a la Iglesia como enemigo de la sociedad y adversario político», critican sobre el proceder de Bolaños.
Es más, lamentan que el Ministerio de Presidencia lanzase su particular estrategia antiabusos en abril poniendo el foco únicamente en la pederastia eclesial y «sin contar con la Iglesia ni con el Defensor del Pueblo», mientras que tanto los obispos como los religiosos han buscado escuchar las voces de unos y de otros. En paralelo, desde la Conferencia Episcopal tachan al Gobierno de querer «asumir como monopolio la acción con las víctimas, pretender impedir la respuesta de la Iglesia e imponer a la Iglesia una respuesta contraria al derecho y llena de incertidumbres».
En esta misma línea, se critica que el mismo Gobierno que «retrasa desde el año pasado la comparecencia del Defensor del Pueblo para explicar su informe pretenda estar siguiendo sus recomendaciones y convoque de urgencia a las víctima». «Es una muestra clara de oportunismo», rematan desde la Conferencia Episcopal Española en conversación con LA RAZÓN.
El ultimátum en forma de carta escrita por Bolaños a Argüello llega de la mano la convocatoria exprés realizada para hoy por parte de la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, a las asociaciones de víctimas, tan solo 24 horas antes de que los obispos celebren la Asamblea Plenaria Extraordinaria este martes para ratificar el plan de reparación conocido como Priva. Aunque no ha trascendido el motivo de la cita, es más que previsible que allí se advierta al colectivo de que la comisión creada por la Iglesia no tiene legitimidad ninguna. Algunas de estas asociaciones ya han expresado a LA RAZÓN cierto «desconcierto» por las prisas de Moncloa frente a la nula comunicación con ellas en este tiempo.
En cualquier caso, los obispos no van a frenar su plan, a pesar de las presiones gubernamentales. Es más, pese al ataque recibido, siguen tendiendo la mano a Moncloa para colaborar de forma conjunta en este proceso restaurativo. A la par, recuerdan que, ateniéndose a los acuerdos Iglesia-Estado, más allá de la presión mediática que el Gobierno quiera llevar a cabo no podrían obligar bajo ningún concepto a la Iglesia a ajustarse a su protocolo.
