El acercamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Google es evidente desde hace varios años. Según ha confirmado LA RAZÓN, la documentación que obra ya en poder de la comisión de investigación del Senado prueba, por otra parte, que la financiación de la firma estadounidense a la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, creada para Begoña Gómez por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), creció de manera exponencial, hasta convertirse en el principal donante, según el informe sobre la situación de fondos con fecha 8 de mayo de 2024. El registro da cuenta de tres pagos en 2023, en el plazo de dos meses, por importe cada uno de ellos de 36.000 euros, sumando un total de 108.000 euros. Los recibos de los pagos son de marzo, uno de ellos, y otros dos del mes de abril.
El informe sobre la situación de fondos con fecha de 9 de febrero de 2022, donde no había todavía ingresos por parte de Google, revela que entonces el volumen de financiación de esta cátedra de Transformación Social y Competitiva se quedó en los 86.400 euros. Aquí ya no contaban con Reale Seguros, pero sí se mantenía La Caixa (fueron los dos primeros que firmaron el patrocinio con la creación de la cátedra). Ambos habían acordado inicialmente un ingreso anual de 15.000 euros.
Cabe recordar que los gigantes del mundo de la tecnología lograron doblar el brazo al Gobierno de Sánchez y a una de las medidas estrella de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que se apuntaron el tanto de hacer que el PSOE decidiera enterrar la llamada «tasa Google» que aparecía en su programa de gobierno de 2019. Así constaba en el programa «España avanza», el documento que Ferraz presentó para avanzar en las negociaciones de cara a las votaciones de la investidura de Pedro Sánchez. Una de las principales rectificaciones fiscales del PSOE fue retirar esa tasa y dejarla como un futuro impuesto tecnológico, pero a nivel europeo.
En 2021, la «tasa Google» o el impuesto sobre determinados servicios digitales, se aplicó a principios de año para imponer impuestos o cargas tributarias a aquella grandes tecnológicas con un 3% sobre los ingresos derivados de servicios de publicidad, en línea, intermediación en línea y transmisión de datos. Tras su puesta en marcha, unos meses después, el Gobierno español llegó a un acuerdo con Estados Unidos para suprimir la «tasa Google» con fecha 31 de diciembre de 2023 como límite. También llegaron a ese mismo acuerdo otros países como Austria, Francia, Italia y el Reino Unido.
A partir de ahí, el presidente ha cuidado los gestos de apoyo a Google por su apoyo a la transformación digital y a la ciberseguridad en España, como subrayaba en un tuit publicado por Moncloa el pasado mes de enero, y que llevaba como apoyo una imagen de Sánchez con Kent Walker, presidente de asuntos globales de Alphabet y una de las personas más influyentes de Google y de Silicon Valley.
Además de dar dinero a la cátedra, esta gran tecnológica, como otras empresas como Telefónica o Indra, participaron gratuitamente en la creación de un software para el máster de Begoña Gómez, para lo que la mujer del presidente se reunió con directivos de estas tres compañías. Llegaron a invertir hasta 150.000 euros en la aplicación. Las empresas acabaron retirándose del proyecto por un posible conflicto de intereses, ante lo que el Rectorado de la UCM sacó a concurso un contrato para terminar la plataforma, que fue adjudicado a Deloitte Consulting, con un presupuesto de 60.500 euros.
Según otro de los informes que ha recibido la comisión de investigación del Senado, que el PP activó con la mayoría absoluta que tiene en esa Cámara, de lo aportado por Globalia se confirma que tenía contratado como asesor externo a Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y uno de los principales comisionistas del «caso Koldo»: remiten una misiva avalando la existencia de un contrato firmado por el propio Aldama y Javier Hidalgo, el CEO de la compañía con el que se reunió Begoña Gómez días antes del rescate de Air Europa. También admiten el pago de los billetes de avión al Africa Center, aunque precisan que no se abonaron directamente a la esposa del presidente del Gobierno.
Los informes que maneja la comisión de investigación de la Cámara Alta están sirviendo como acicate para que en el grupo socialista se asiente la idea de que Begoña Gómez no debió buscar financiación para el Africa Center, que puso en marcha con el Instituto de Empresa, por la vía de pedir dinero para sufragar sus actividades desde su posición institucional de mujer del presidente del Gobierno. También creen que recurrir al CEO de Globalia, un empresario heterodoxo, amplificó el error, y que mantener encuentros con él, coincidentes además con la negociación del rescate de Air Europa, fue una imprudencia que, aunque no tenga consecuencias penales, sí tiene un alto coste reputacional,
A raíz de la documentación recibida, el PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para aprobar en el Pleno la ampliación del objeto de la comisión de investigación sobre la trama Koldo a fin de aclarar también asuntos que afectan a la esposa del presidente del Gobierno, además del «caso Delcy». En paralelo, siguen abiertas las diligencias de investigación con Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El PSOE ya había propuesto ampliar el objeto de la comisión, antes de votar su creación, pero para que afectase a todos los contratos de la pandemia por parte de todas las Administraciones Públicas, a fin de que ese foro no se circunscribiera solamente al «caso Koldo».
