Ambos políticos, Rodrigo Chaves y Fabricio Alvarado, están buscando votos en la misma parte del río, dispuestos a sacrificar a un sector de la población: la comunidad LGTBIQ+.
A las 5:26 p. m. del sábado 29 de junio, el presidente Rodrigo Chaves anunció la destitución de la exministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y del excomisionado de Inclusión Social, Ricardo Sossa, porque tramitaron una declaratoria de interés cultural para la Marcha de la Diversidad que se celebraría al día siguiente.
Una hora y 17 minutos antes, a las 4:09 p. m., el diputado Fabricio Alvarado había hecho una publicación criticando a Chaves por emitir la declaratoria, acusándolo de “tibio” frente a la población LGBTIQ+.
El mandatario alegó que desconocía el trámite aprobado desde el 18 de junio, aunque el documento estaba firmado válidamente por él mediante el viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, quien puede firmar en su nombre (más adelante, en este texto, hablaremos de este procedimiento).
Después del anuncio, Fabricio Alvarado hizo una segunda publicación, diciendo que el presidente se lavaba las manos. Puso en duda la motivación de la decisión recordando que, en el 2023, el gobierno concedió esta misma declaratoria a la Marcha de la Diversidad. Además, adujo Chaves incumplió el compromiso de campaña de modificar la norma técnica del aborto terapéutico, promesa que le habría ayudado a obtener votos en sectores religiosos.
Geovanny Delgado, uno de los organizadores de la Marcha de la Diversidad, consideró que la anulación de la declaratoria era una medida populista “para alcanzar el voto del sector conservador”, pero con poca memoria histórica, “porque él (Chaves) solicitó el voto de la población LGTBIQ+ junto con Pilar Cisneros” en campaña.
Ambos políticos, Rodrigo Chaves y Fabricio Alvarado, están buscando votos en la misma parte del río, dispuestos a sacrificar a un sector de la población: la comunidad LGTBIQ+, al grado de derogar una declaratoria para un evento que lleva años de continuidad.
La anulación y la afirmación de que la marcha carecía de permisos habría provocado la ausencia de policías de Tránsito que ayudaran a regular el flujo vehícular durante la caminata por San José, desamparando a los marchantes, entre los que había civiles y delegaciones de empresas y embajadas.
Según el propio excomisionado de Inclusión Social, el gobierno no solo había otorgado la declaratoria de interés cultural en el 2023, sino que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) también concedió la declaratoria de interés turístico y no por eso rodó la cabeza del ministro de Turismo, William Rodríguez.
Además, una bitácora de Casa Presidencial reveló que, el pasado 12 de junio, delegados de ocho instituciones de gobierno se reunieron con los organizadores de la marcha para dialogar sobre la logística del evento.
Ahora, Rodrigo Chaves alega que se debe revisar el interés cultural de estos eventos. Los sectores religiosos también organizan una marcha anual por la vida y reciben correctamente el trámite de interés cultural.
Después de lo ocurrido el sábado, la Alianza Evangélica envió una carta de felicitación al presidente por derogar la declaratoria de la Marcha de la Diversidad.
Recientemente, la psicóloga y psicoanalista Carolina Gólcher Umaña publicó un artículo explicando que, según Aristóteles, la enemistad se diferencia del odio. En la enemistad, expuso, se busca que aquel contra quien se está enojado, pague. Pero el odio tiende a causar daño. “El que odia no se compadecería ante ninguna cosa, no quiere que exista aquel a quien odia”, escribió la profesional.
Después de lo ocurrido, el presidente Chaves dijo que dirigentes fabricistas se vestían con “sombrero ajeno” porque anda diciendo a grupos evangélicos que ellos provocaron la salida de Nayuribe Guadamuz.
Además, negó que Fabricio Alvarado influyera en decisiones de su gobierno. En mayo, la ex viceministra de Educación, Karla Salguero, también fue destituida justo después de que Nueva República (PNR) pidiera su salida por razones ideológicas.
Cuando se dio a conocer lo sucedido el sábado, generó confusión el hecho de que la declaratoria la hubiesen firmado la exministra de Cultura y el viceministro de la Presidencia, Rodrigo Rodríguez Bogle, en nombre del presidente Rodrigo Chaves.
Esto se debe a que el mandatario delegó su firma en el viceministro para buena parte de los documentos, lo que no exime a Chaves de responsabilidad por ningún documento que su subalterno selle.
En gobiernos anteriores, los presidentes firmaban casi todos los decretos, acuerdos y directrices.
Chaves cambió esta costumbre. A principios de la administración, preguntó a la Procuraduría General de la República si podía delegar su firma en un funcionario de confianza.
La Procuraduría le respondió afirmativamente, pero le advirtió de que había condiciones.
-La delegación no lo releva de la responsabilidad legal.
-El funcionario elegido no puede sellar ninguna acción sin el consentimiento del gobernante; es decir, no ejercita un poder de decisión, pues el presidente no delega sus competencias. “El delegado se limita a firmar por el delegante por orden de este”, expuso el criterio PGR-C-167-2022 del 11 de agosto.
Chaves admitió públicamente que él desconocía el trámite. Pese a ello, el viceministro firmó, contradiciendo una de las condiciones establecidas por la Procuraduría.
El fabricismo pidió la destitución de Rodríguez Bogle, pero el gobierno rechazó la petición.
Nos contactamos de nuevo en una semana. Se despide Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.
