La Contraloría General informó haber identificado a 278 funcionarios públicos con presuntas responsabilidades civiles, administrativas y penales, en la región de Junín.
A través de una nota de prensa, la Contraloría informó que en lo que va del año 2024, la región de Junín un perjuicio económico de más de S/ 34 millones de soles. "La Contraloría General determinó que en la región Junín existe un perjuicio económico de más de 34 millones de soles, cifra que se difundió como resultado de todos los servicios de control realizados a las diferentes entidades de toda la región en mención", se observa en la publicación.
Asimismo, aseguran haber identificado a 278 funcionarios públicos con presuntas responsabilidades civiles, administrativas y penales, resaltando una crisis profunda que va más allá de las cifras financieras, afectando directamente la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos de la región. "En solo medio año Contraloría General reportó 278 funcionarios con presuntas responsabilidades civiles, administrativas y penales", se lee en el comunicado.
También, se lee en la misiva que "Se informó que unos 129 funcionarios fueron encontrados con presunta responsabilidad penal por el uso inadecuado de los bienes y recursos estatales".
Por su parte, el Gerente Regional de Control de Junín, en una reciente conferencia de prensa, detalló los hallazgos de los informes de control del primer semestre de 2024, que incluyen irregularidades significativas en proyectos clave de infraestructura. "Estas cifras fueron informadas por el Gerente Regional de Control Junín, Jean Franck Vásquez Neira, en la conferencia de prensa sobre el informe de gestión del primer semestre de este año, donde además dio a conocer los resultados de los informes de control trabajados en los órganos de control institucional (OCI) de las entidades de toda la región Junín".
Entre los casos más notorios se encuentra el de la obra de mejora de agua potable en San Martín de Pangoa y la obra de ampliación de redes secundarias de agua potable y alcantarillado en la provincia de Junín, que además de un perjuicio de más de dos millones de soles, carece del respaldo financiero necesario.
"Se enfatizó que se encontraron hechos irregulares en obras como el mejoramiento de agua potable en San Martin de Pangoa, donde se halló un perjuicio económico de cerca de 6 millones y medio de soles".
Durante el evento, también se presentaron las metas y planes para el tercer trimestre de 2024. "Uno de los más notables es la intensificación de las acciones de control en obras públicas como la del mejoramiento de los servicios de salud en el Centro de Salud La Oroya I-4". Este proyecto cuenta con un presupuesto asignado de 47 millones de soles, donde ya se han identificado irregularidades como favoritismos en la elaboración de expedientes técnicos, pagos indebidos y omisiones en la aplicación de sanciones económicas.
Finalmente, Vásquez Neira señaló que el daño además de ser monetario, sino que también repercute en la calidad de vida de los habitantes, quienes se ven obligados a esperar años por servicios básicos esenciales como agua potable, sistemas de alcantarillado y accesos viales adecuados. "Hay un total de 535 donde se ven involucrados 278 funcionarios públicos que deben enfrentar procesos civiles, penales y administrativos".
