Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava, ha cumplido ya su primer año en la cárcel de los nueve que recibió como condena por haber liderado una trama de corrupción para el cobro de comisiones ilegales, la manipulación de contratos públicos y otros delitos económicos. En la cárcel de Zaballa, la más grande de Euskadi y ubicada a las afueras de Vitoria, purgan también su pena los otros tres excargos peneuvistas con condenas de prisión efectivas, Xabier Sánchez Robles (que ingresó un poco antes, en mayo), Koldo Ochandiano (también desde julio del pasado año) y Aitor Tellería (que dilató hasta noviembre la entrada). Todos ellos han completado ya un curso de rehabilitación para delincuentes económicos, el mismo que en su día hizo Iñaki Urdangarin, que ya vio liquidada su condena en abril. Nada se sabe de los indultos que pidieron todos ellos salvo Sánchez Robles al Gobierno de España.
De Miguel tiene el 2 de julio de 2032 como fecha de referencia para la finalización de su condena. Formalmente, recibió doce años de cárcel por el cúmulo de delitos de corrupción que cometió, pero son nueve de cumplimiento efectivo. De Miguel creó una empresa pantalla llamada Kataia Consulting con otros dos miembros del Araba Buru Batzar del PNV, Ochandiano y Tellería. Ellos cumplen siete y seis años, respectivamente. Sánchez Robles, también con una pena de siete años, era director de Juventud en el Gobierno vasco y facilitó a Kataia Consulting y otras empresas de la trama contratos irregulares.
Según las fuentes consultadas, llevan una vida “ordenada” de “trabajo y formación” en un módulo “de convivencia tranquila”. Alguno de ellos va a misa, ya que Prisiones ofrece la posibilidad de ejercer el derecho al culto católico o incluso de otras religiones. 'El Correo' publicó que De Miguel ejerce de bibliotecario. Lo más relevante es que los cuatro “han hecho los programas de delitos económicos”, pensados para resocializar a condenados por infracciones conocidas como “de guante blanco”. “No van a estar todos esos años”, garantizan estas fuentes. Es un sentimiento que comparten desde el entorno de los reos. “En cualquier momento” podrían pasar a tercer grado, con más flexibilidad para continuar cumpliendo la pena en semilibertad, aventuran. Solamente ha trascendido que De Miguel recibió en otoño un primer permiso para visitar en Bilbao a su madre, que estaba enferma.
En paralelo a la ejecución de la pena de un caso cuya investigación se originó a finales de 2009 y cuyo juicio se celebró en 2018, De Miguel, Tellería y Ochandiano pidieron un indulto al Gobierno de España. Quieren una medida de gracia sobre parte de su condena. Inicialmente era un intento más de evitar la entrada efectiva en la cárcel, pero la Audiencia de Álava dictaminó que por la alarma social y relevancia del caso había que iniciar ya el cumplimiento de los castigos sin esperar a la decisión política. Inicialmente, sus defensas hablaban de un año como plazo razonable para la resolución de los indultos, pero ese plazo ha pasado sin respuesta desde el Ministerio de Justicia, que es quien gestiona esta institución regulada por una normativa del siglo XIX.
Muy diferente fue la actitud de Sánchez Robles. En el juicio intentó burlar la condena con la presentación de pruebas falsas pero después de que el Supremo confirmara las penas nunca intentó buscar ningún resquicio ni retrasar la entrada efectiva en prisión a diferencia del resto, que llegaron a apelar a motivos “humanitarios”. Cuando ingresó a Zaballa su esposa, Josune Gorospe, todavía era diputada del PNV en el Congreso.
Se da la circunstancia de que en las últimas semanas el PSE-EE ha asumido la gestión de Prisiones en Euskadi dentro del reparto de áreas en el nuevo Ejecutivo de Imanol Pradales. Desde 2021, la comunidad autónoma tiene la competencia sobre sus centros penitenciarios. Curiosamente, excompañeras de De Miguel en el PNV de Álava como Beatriz Artolazabal y Nerea Melgosa han sido las responsables políticas de las cárceles vascas cuando se ha ejecutado la condena. Y no solamente eso. Artolazabal fichó como asesor para la puesta en marcha del nuevo modelo penitenciario vasco al magistrado Jaime Tapia, el presidente del tribunal que fijó las condenas de prisión para los integrantes de la trama del 'caso De Miguel'.
