Cuando el PP arranca el lunes con una disertación sobre la “semana fantástica de la corrupción socialista”, entra en el martes con dudas sobre la imparcialidad del Tribunal Constitucional y para atravesar el miércoles se apropia del lenguaje de Vox para hablar de los menores inmigrantes, uno puede creer que el resto de la semana está todo dicho y que es imposible subir más peldaños en la escalada hacia el populismo.
Nada de eso. Los de Feijóo, con la anuencia del jefe filas, se superan cada día de la semana porque el jueves ya proponen desplegar buques de la Armada para impedir la llegada de cayucos a Canarias y el viernes se coronan al acusar a Pedro Sánchez de “arrastrar a toda la nación a una jornada indecente” por la declaración de su mujer ante el juez Peinado. Todo, con la distribución desde su cuenta oficial de Twitter de una fotografía de Begoña Gómez con el hashtag FreeBego, al más puro estilo de Alvise Pérez, que es el otro competidor de bloque que le ha comido votos en las europeas.
Quienes dentro del partido están fuera de la burbuja del “clan de los gallegos” que susurra al oído del líder de la oposición no dan crédito de hasta dónde han llegado y se preguntan de forma recurrente “cómo un PP que fue partido de gobierno durante tres lustros ha podido caer tan bajo en su estrategia”. Hay nostalgia de proyecto, de otros tiempos y de otros políticos, pero sobre todo “hay pavor a que las siglas se conviertan en una réplica de la extrema derecha”. Algo que, por otra parte, ya ocurre en materias tan sensibles como el uso político de la Justicia y ahora también la inmigración.
Feijóo ha sucumbido a los marcos de sus competidores de bloque con mucha más capacidad para multiplicar el ruido, sintetizar en mensajes cortos soluciones para problemas complejos, deslegitimar las instituciones y convertir la política en un barrizal constante. En realidad, quienes lo conocen desde sus tiempos de oposición en Galicia sostienen que lo de ahora no ha sido un tránsito sino que su hábitat natural fue siempre ese, como bien demuestra la hemeroteca sobre sus tiempos de oposición al bipartito gallego que presidió Emilio Pérez Touriño.
El caso es que quien se presentó en Madrid dispuesto a desterrar el insulto de la esfera pública y se erigió en alternativa sólida y fiable, se ha acomodado en el rincón de la extrema derecha incapaz de construir un discurso propio con el que ensanchar su base electoral desde la centralidad política. Quienes creyeron, por tanto, que el acuerdo con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial era una apuesta decidida por la política de Estado y una oposición responsable, se equivocaron. La entente era sólo táctica y coyuntural, después de más de cinco años de bloqueo e incumplimiento reiterado de la Constitución para seguir después por la senda destructiva de la que su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, deja constancia en el Congreso en cada una de sus intervenciones.
De hecho, después de votar conjuntamente con el PSOE la admisión a trámite de la reforma de la ley del Poder Judicial en la Cámara Baja, bastaron unas horas para comprobar que los populares cabalgan a lomos de la estrategia de Vox, Manos Limpias y HazteOir en la ofensiva contra la esposa del presidente del Gobierno y que el PP no tiene intención de rebajar el tono y mucho menos de consensuar ningún otro acuerdo con el Gobierno. Ni en materia de inmigración ni en financiación autonómica ni en vivienda. Más bien están dispuestos a exprimir todo lo que puedan la causa abierta por el juzgado de instrucción número 41 de Madrid contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios y convertirla en una causa general contra el socialismo.
La investigación abierta por el juez Peinado parte de la denuncia de una asociación ultraderechista, Manos Limpias, construida con recortes de prensa publicados en varios medios digitales, pese a que la jurisprudencia del Supremo impide desde 2017 abrir un proceso penal basado únicamente en noticias periodísticas.
La propia Manos Limpias admitió la posibilidad de que su denuncia se basara en noticias falsas, la Guardia Civil descartó indicios de delito y la Audiencia Provincial de Madrid acotó la investigación a la adjudicación de contratos financiados por fondos europeos por la entidad pública Red.es a un grupo participado por el empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado al máster que dirige la esposa del presidente en la Universidad Complutense. Pero, la Fiscalía Europea reclamó de oficio la investigación al juez, de tal modo que le quitó la competencia de investigar, si bien Peinado hizo caso omiso.
Begoña Gómez acudió el viernes al juzgado para declarar como investigada sin saber, pese a los requerimientos de su defensa, cuál era el objeto de la investigación. “Son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España”, respondió Peinado en una resolución dictada dos días antes de la declaración.
El juez suspendió finalmente el interrogatorio y volvió a citarla a una nueva comparecencia el 19 de julio, después de que la defensa alegara que no le había sido notificada formalmente otra querella presentada contra ella por la asociación ultracatólica HazteOir, que el instructor aceptó incorporar a la denuncia inicial del pseudosindicato Manos Limpias. Algo más propio, alegan fuentes socialistas, “de Zimbabwe que de España” y, desde luego, un hecho inédito en democracia.
En La Moncloa no entienden cómo la denuncia ha llegado tan lejos, y tampoco, que el Partido Popular haya convertido la citación de la esposa de Pedro Sánchez en uno de los ejes centrales de su estrategia de desgaste contra el Ejecutivo, salvo porque “ha sido abducido por la extrema derecha” y está dispuesto a hacer de la esfera pública un “marco tóxico, irrespirable, incómodo, ruidoso y fangoso”.
Mención aparte merece también, para los socialistas, el papel de algunos jueces, “que sincronizados con medios ideológicamente afines a la derecha, pueden abrir investigaciones prospectivas”, aquellas que se sustentan sobre “meras hipótesis o en la pura y simple sospecha, que no cuentan con un mínimo fundamento objetivo y material susceptible de eventual verificación” que están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico.
La estrategia desplegada en torno a la investigación de Begoña Gómez es idéntica a la denuncia que el PP interpuso sobre las adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia y que ha dado lugar al llamado “caso Koldo”: recortes de prensa, actos de carácter administrativo ya fiscalizados por el Tribunal de Cuentas y reclamados por la Fiscalía Europea y un fiscal que retiene la causa con el argumento de mantener la unidad de acción que, según versión, de algunos de los afectados es también “una investigación prospectiva y con filtraciones sincronizadas -siempre a los mismos digitales afines al PP- de correos electrónicos de altos cargos que nada tienen que ver con la causa de la mascarillas”. De hecho, el ex ministro Ábalos, que no está de momento imputado por el juez y que sale referenciado continuamente en los mails publicados, se plantea una denuncia por revelación de secretos.
Lejos de desligarse de la senda por la que transita Vox y las asociaciones ultraderechistas, los de Feijóo redoblan la ofensiva y acusan al gobierno de “amnistiar o indultar su corrupción, sino también de intentar obstruir la acción de los que investigan la que no pueden seguir tapando”. Son palabras de un Tellado que tampoco se priva de acusar a Pedro Sánchez de “seguir en La Moncloa para proteger a su esposa y a todo su entorno familiar de la Justicia”.
Después de eso, la pregunta sería Quo vadis, Feijóo. Hay quien ya ve en todo ello un émulo de aquella operación político judicial y mediática que confesó Luis María Anson para echar a Felipe González del Gobierno: “Al subir el listón de la crítica se llegó a tal extremo que en muchos momentos se rozó la estabilidad del propio Estado”.
