Un profundo y crítico informe, que recoge las principales manifestaciones de corrupción, delito, ilegalidades e indisciplinas sociales que se manifiestan en la sociedad cubana actual, así como las acciones que se han diseñado e implementan para su prevención y enfrentamiento, fue evaluado este sábado durante la segunda y última jornada del 8vo. Pleno del Comité Central del Partido Comunista.
En este punto de la agenda de la reunión —encabezada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez—, Julio César García Pérez, jefe de la Oficina de Atención al sistema del Poder Popular, órganos del Estado y el sector jurídico, al presentar el referido documento, aseguró que «la batalla contra el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales ha recibido especial atención por la dirección del Partido, el Estado y el Gobierno desde los primeros años de la Revolución».
De igual forma, recordó que los debates y documentos aprobados durante el 8vo. Congreso del Partido, en abril de 2021, ratificaron «la prioridad hacia esa dirección estratégica, que se resume en fortalecer el papel del Partido con su participación, apoyo y control en las acciones de prevención y enfrentamiento a todos los fenómenos y manifestaciones que constituyan una amenaza para la seguridad nacional».
Según refirió el funcionario, «la implementación y cumplimiento de las acciones políticas, gubernamentales, preventivas, de enfrentamiento jurídico-operativas, penales, penitenciarias y comunicacionales, ha posibilitado la contención actual de algunas tipicidades delictivas de mayor gravedad y ha evitado que se generen situaciones más graves».
No obstante las acciones realizadas, subrayó, los «resultados son insuficientes, toda vez que no se ha logrado el efecto deseado en la disminución del delito, que se mantiene con cifras elevadas y rasgos de complejidad en determinados casos».
Al resumir los principales delitos tipificados dentro de la sociedad cubana señaló que los de mayor incidencia continúan siendo los que atentan contra el patrimonio, en los cuales se reitera la implicación de personas desvinculadas del estudio y el trabajo y de jóvenes en casos de mayor gravedad.
Asimismo, destacó los hechos contra el ganado mayor; los ilícitos de drogas en los cuales cada vez se aprecia mayor complejidad, a partir del incremento de los intentos de introducción de estas al país por diferentes aeropuertos; los delitos que atentan contra el orden económico y las conductas de corrupción administrativa; la no declaración o subdeclaración de ingresos, y la proliferación de ilegalidades en el ordenamiento urbanístico.
A ello se une, además, que no se logra el enfrentamiento efectivo a los precios abusivos y especulativos de bienes y servicios; se mantiene la comercialización ilícita de diversos productos, la receptación, la especulación y el acaparamiento; al tiempo que persisten manifestaciones de indisciplinas sociales en los espacios públicos, daños a parques y medios de transporte, alteración del orden, riñas y otras.
Ante ese escenario, explicó que el Ministerio del Interior ha continuado reforzando sus sistemas de integración para la prevención y el enfrentamiento a esos hechos, a lo cual se suman las medidas adoptadas por la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular para incrementar el rigor en el tratamiento jurídico, penal y penitenciario de los imputados, acusados o sancionados, especialmente a quienes ocasionan mayor daño a la sociedad.
Al referirse propiamente al trabajo desde las estructuras del Partido, explicó que «la evaluación del tema en los burós, comités y plenos es superior a etapas anteriores, aunque
resultan insuficientes las acciones de control y la exigencia relacionadas con este asunto».
En las reuniones de los comités municipales del Partido con los secretarios generales, acotó, no siempre se logra preparar adecuadamente a la dirección de los núcleos para la discusión con la militancia y la evaluación de casos que sirvan de experiencias.
La atención a estos fenómenos sociales, valoró, adquiere especial importancia en las actuales circunstancias que vive el país, debido a su trascendencia a las bases mismas del proyecto socialista que construimos. De ahí la prioridad que desde el Partido, con la participación de instituciones y la población, se concede a su prevención y enfrentamiento, señaló.
De cara al debate, varios primeros secretarios de comités provinciales del Partido compartieron elementos sobre la manifestación de esos hechos en sus respectivos territorios, al tiempo que se refirieron a acciones puntuales que en ellos se realizan para contrarrestarlos.
Entre las ideas expuestas, comentaron acerca de la importancia de incrementar el rigor de las medidas que se aplican a quienes incurren en delitos; lograr que la evaluación sobre esos temas en los núcleos sea cada vez más profunda; perfeccionar las rendiciones de cuenta, así como evaluar conscientemente las causas que conducen a determinados delitos, que en muchos casos tienen origen social y son sumamente diversas.
Al respecto, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, llamó la atención sobre la responsabilidad que corresponde a todos, tanto en el barrio como en las instituciones en lo referido a las acciones de prevención. En tal sentido, destacó el desempeño de los trabajadores sociales en las estructuras comunitarias y cómo su accionar puede contribuir a contrarrestar esos hechos.
Por otra parte, la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, tras hacer alusión a la repercusión que tienen los delitos tanto en el orden económico como social, aseguró que la práctica es mantener políticas de severidad en el enfrentamiento jurídico penal, a partir de las cuales se respeten las garantías y derechos de los ciudadanos sin dejar de mantener la soberanía y el orden social.
Solo la existencia de normas, precisó, no va a propiciar su cumplimiento, además es necesario realizar evaluaciones sistemáticas, con control e integralidad, para poder enfrentar esos fenómenos que son muy complejos.
Medular y sumamente aleccionadora resultó la intervención de la contralora general de la República, Gladys Bejerano Portela, quien reconoció cómo el Partido está empeñado y trabajando para mantener el alma de la Revolución Cubana, y en ese camino es imprescindible llegar a todos los militantes.
La ejemplaridad, argumentó, no es solo trabajo y mucho trabajo, hay que trabajar buscando soluciones y esas se buscan con las enseñanzas que se han expuesto en este pleno y se viven en el día a día. Eso también es cumplir eficientemente con la tarea que nos ha dado la Revolución, valoró.
No se puede entender, subrayó, que en un lugar haya militantes y sean indiferentes a hechos de corrupción: no combatir también es contrarrevolución. «Si no funciona el enfrentamiento ni combatimos la tolerancia, no se puede hablar de prevención», reflexionó.
El respeto a la legalidad y a la disciplina —acotó— es una muestra de patriotismo. Finalmente, llamó la atención sobre la importancia de hacer llegar a la militancia todo lo que durante estas dos intensas jornadas de trabajo se ha debatido, pues «solo así lo que aquí ha sucedido tendrá frutos».