El Tribunal Supremo ha rebajado la condena de cárcel a una mujer a la que habían filtrado las preguntas y la plantilla de respuestas de una oposición a Facultativo Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública celebrada en febrero 2018 en la Comunidad Valenciana. La Audiencia de Valencia condenó a la acusada a un año y un mes de prisión por un delito contra la Administración pública. Pero ahora, tras estimar parcialmente el recurso de casación interpuesto por la acusada, la Sala de lo Penal considera que en realidad cometió un delito intentado, al no llegar a tomar posesión de la plaza, por lo que reduce la pena a nueve meses de cárcel y le niega la posibilidad de obtener ayudas o incentivos públicos durante cinco años. La Sala acepta así la indebida aplicación del artículo 418 del Código Penal, que castiga a aquellos que se aprovechan de una información privilegiada obtenida de un funcionario o autoridad, pues entiende que no llegó a haber un beneficio económico. «La tipicidad aplicada reclama otra precisión», explica, porque «el delito no llegó a perfeccionarse, por lo que procederá su punición pero en la modalidad intentada del artículo 16», que se aplica cuando el delito no se llega a producir por causas ajenas al autor. No obstante, en esa segunda sentencia consultada por ABC , el alto tribunal mantiene el grueso de la anterior, ratificada por el TSJ valenciano, incluidos los hechos probados. Tal y como se indica en ese primer fallo, un funcionario no identificado, miembro del tribunal de las oposiciones, filtró el examen y su resolución a la aspirante, que «obtuvo 98 puntos, ya que dejó sin contestar dos preguntas para no llegar al 100% ». Tras diversas impugnaciones, se anularon cuatro cuestiones y se constaron dos errores en la plantilla de corrección -las preguntas 14 y 39-, las únicas que la mujer contestó de forma incorrecta. Finalmente consiguió 96,16 puntos, 39,88 más que la segunda nota más alta. Además, fue la única opositora que respondió a la pregunta 39 con la letra d, «una respuesta a todas luces incorrecta» y cuyo sentido era «absurdo», coincidiendo con la plantilla provisional: recomendaba al facultativo la opción de acabar con la vida del paciente como mecanismo de control de enfermedades infecciosas . En julio de 2018, la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana impugnó la lista de aprobados. Como consecuencia de ello, otros doce aspirantes que habían resultado aptos no han podido acceder a las plazas convocadas, cuya provisión quedó suspendida hasta que se resolviera este procedimiento penal. En este nuevo pronunciamiento judicial fechado el 12 de junio, contra el que no cabe recurso, el alto tribunal descarta que se haya vulnerado la presunción de inocencia, tal y como había alegado la condenada, pues los indicios contra ella se basan en «una argumentación ajustada a cánones de racionalidad y lógica». De hecho, un mes antes la acusada sacó un resultado «diametralmente opuesto al obtenido de manera excelente un mes después» y por debajo de la nota de corte -20,23- en el examen para Técnico de Salud Pública, pese a que se trataban «contenidos similares» . Del mismo modo, el Supremo desestima la existencia de errores en la valoración de las pruebas y argumenta que el hecho de que no se hayan detectado conversaciones telefónicas entre la recurrente y los miembros del tribunal, otros elementos demuestran que ese contacto existió .
