La asociación Proética decidió pronunciarse respecto a la decisión que tomaron los integrantes de la Comisión Permanente de aprobar la propuesta legislativa que modifica la norma contra el crimen organizado. Esta acción provocó que la mencionada organización califique como un "retroceso" la lucha contra la criminalidad y la corrupción.
"La aprobación del Congreso del Proyecto de Ley 5981/2023 CR, que modifica la Ley contra el Crimen Organizado y aprueba una reforma que desnaturaliza las regulaciones sobre allanamientos, constituye un retroceso normativo que favorece el crimen organizado y la corrupción", se lee en la primera parte del comunicado.
Cuestionaron que ahora los delitos con penas mayores a seis años serán considerados como crimen organizado y enfatizaron que esta acción excluiría a un número importante de casos que se relacionan entre el crimen organizado y la corrupción.
"Según la nueva definición de crimen organizado, solo se considerarían como delitos graves aquellos sancionados con penas privativas de la libertad mayores de seis años, lo que excluiría un número importante de actos ilícitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado", sostienen.
En esa línea, la mencionada organización enfatizó que, con la aprobación realizada por la Comisión Permanente, "debilita a la institucionalidad", favoreciendo el incremento de la corrupción y consolidando el crimen organizado. Además, calificaron como un "despropósito aprobar y poner en vigencia una reforma que debilita gravemente la capacidad del Estado para combatir la criminalidad organizada".
"Creemos en principios fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el favorecimiento del reo en caso de duda, pero sobre todo creemos en el conjunto de principios que sostienen el concepto de integridad como marco conductual en los ámbitos público y privado", enfatizan.
Este último jueves 4 de julio, la Comisión Permanente decidió aprobar por mayoría el proyecto de ley que propone realizar modificaciones a la norma n.º 5891/2023/CR, el cual contiene cambios que perjudicarían a la ciudadanía. De modo que, de los 91 tipos penales que existen, se excluirían 59 hechos punibles.
En ese sentido, la tala ilegal, la estafa agravada, la venta de órganos, el enriquecimiento ilícito y el tráfico ilícito de migrantes ya no estarían incluidos en la lista de delitos como crimen organizado. Waldemar Cerrón, congresista y segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del Parlamento Nacional, propuso que los hechos punibles que no tengan penas privativas de la libertad mayores a seis años ya no serían considerados "graves".
Otra de las modificaciones de la mencionada iniciativa es que cuando se realice un determinado allanamiento de inmuebles o lugares cerrados, deberá contar con la presencia del 'interesado' y su abogado. No obstante, si el investigado no cuenta con una defensa técnica propia, se le asignará uno de oficio.
Además, de no ser el caso, se contactará con el Colegio de Abogados de determinada región para que asista al interesado. No obstante, estas intervenciones se podrían dar de manera excepcional con la presencia de un familiar del imputado o con dos vecinos del lugar.
"De no contar con abogado, se le proporcionará uno de oficio, o en su defecto se coordinará con el Colegio de Abogados de la localidad para que envíen un abogado para asistir al imputado. Excepcionalmente, se practicará el registro con presencia de un familiar mayor de edad, o, en su caso, se hará con la presencia de dos testigos, vecinos del predio", se lee en la propuesta.
