La vicepresidenta primera del Gobierno y número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que deje de “lanzar bulos” y que pida a las comunidades autónomas donde gobiernan los populares que sean “solidarias con Canarias” (donde también gobierna el PP junto a Coalición Canaria) en el reparto de menores inmigrantes.
“Feijóo tiene que dejar de lanzar bulos y, si manda algo en el PP, le tiene que decir a las comunidades autónomas donde gobiernan que sean solidarias con Canarias, donde ellos también gobiernan, es lo único que tiene que hacer el PP”, ha dicho Montero en un vídeo remitido a los medios por el PSOE este sábado.
De esta forma, la también ministra de Hacienda ha presionado para que el PP acepte la reforma de la Ley de Extranjería planteada entre el Gobierno y el Ejecutivo de Canarias, de Coalición Canaria y el PP, para el reparto de menores inmigrantes entre comunidades, un asunto que se debatirá en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del 10 de julio y sobre el que no se ha pronunciado aún claramente el PP en su conjunto.
También ha denunciado la “deriva del PP hacia la ultraderecha”, después de que el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, propusiera usar las Fuerzas Armadas para evitar la llegada de inmigrantes ilegales, y se ha preguntado si eso significa mandar portaaviones “a hundir los cayucos que están llenos de personas” o “fragatas para luchar contra los barcos de madera que se están cayendo a cachos”.
“La falta de humanidad de Vox, PP y Alvise con unos críos y crías que llegan a nuestro país, que vienen desnutridos, en condiciones terribles, es una verdadera vergüenza”, ha dicho.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo este viernes no entender la propuesta del PP de utilizar a la Armada para contener la llegada de migrantes irregulares en cayucos o pateras porque eso “no la va a frenar”. Además, resaltó que esas palabras “obedecen a un desconocimiento de la realidad que tenemos en este momento en Canarias”, y recordó que “ya en el año 2006 intervino en su momento el ejército pero con fines de salvamento marítimo”.
Los inmigrantes irregulares adultos llegados a Canarias son derivados a la Península por el Gobierno central, que los distribuye por centros de su competencia. Los menores de edad, niños y adolescentes, que llegaron sin familiares, sin embargo, son competencia de la comunidad autónoma, es decir, del Gobierno de Canarias en este caso.
Sin embargo, el Ejecutivo regional ha acordado con el central modificar la Ley de Extranjería para que también los menores sean repartidos entre las comunidades autónomas y no recaiga el peso solo en aquella que los recibe. Hasta ahora ese reparto depende de la solidaridad de cada gobierno autonómico y ha demostrado ser un fracaso, ya que la mayoría de las regiones evita hacerlo.
Pese a que la petición partió del Gobierno de Canarias, del que el PP forma parte, este partido no ha respaldado la modificación de la Ley y, de hecho, ha dejado en manos de sus barones la decisión, sin dar una instrucción desde Génova. En los últimos días, el propio Alberto Núñez Feijóo alentó algunos de los bulos más repetidos contra los inmigrantes, concretamente contra los menores, y la guinda la puso el portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, cuando pidió que la Armada interviniese contra los inmigrantes irregulares. Logró así centrar el foco en esa ocurrencia (ya aclarada en diversas ocasiones por la propia Armada, cuya función sería, en todo caso, socorrer a las pateras y cayucos en caso de encontrarlas en apuros) y desviarlo de las reticencias de las comunidades del PP a acoger a los menores.
Este giro del PP nacional deja ahora en entredicho la posición del propio PP de Canarias y pone en la cuerda floja el compromiso del presidente canario, Fernando Clavijo (CC), de sacar adelante la reforma legislativa con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto, Vox. Mientras en el Parlamento de Canarias todos los grupos cerraron filas a favor de la reforma de la Ley para derivar a los menores hacia otras comunidades autónomas, Vox también votó en contra.
