Josué Gutiérrez cuestionó también la posibilidad de aplicar el Estatuto de Roma retroactivamente en el país.
El Defensor del Pueblo, en declaraciones para TV Perú, se pronunció respecto a la posible situación legal de Alberto Fujimori tras la aprobación de la ley que dispone la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del 2002.
Al respecto, Josué Gutiérrez manifestó lo siguiente: "Sobre él, creo que no hay ninguna imputación por delitos de lesa humanidad, pero con respecto a los militares que están procesados, probablemente sí. Sin embargo, en todo caso, nosotros no nos pronunciamos sobre a quién beneficia o perjudica, ya que eso implicaría individualizar una ley".
No obstante, respecto a la aprobación de la ley como tal por la Comisión Permanente del Congreso de la República, Josué Gutiérrez cuestionó que se pueda aplicar el Estatuto de Roma antes de su vigencia en el país: "El Tratado de Roma es de 1998, el Perú se adhiere en el 2001 y se ratifica para su vigencia en el 2002. Entonces, la pregunta sería: ¿se puede aplicar ese tratado que es ya vinculante con el Perú con anterioridad a la misma?", expresó el defensor del Pueblo.
El pasado jueves 4 de julio, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la 'Ley de Amnistía' con 15 votos a favor y 12 en contra. Esta decisión se tomó a pesar de las advertencias previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales sobre las implicaciones de dicha ley.
Esta propuesta legislativa beneficiaría principalmente a individuos condenados por delitos de lesa humanidad, incluyendo figuras prominentes como Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, quienes han sido sentenciados por crímenes graves durante periodos de conflicto y violencia política en el país.
Específicamente, en el caso del expresidente Alberto Fujimori, la iniciativa podría llevar al archivo de los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado, tales como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, que son dos de los casos más emblemáticos relacionados con violaciones de derechos humanos durante su mandato.
El último miércoles, antes de la aprobación de la norma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Perú dejar sin efecto el proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. En esa línea, solicitaba al Estado peruano presentar el 9 de agosto un informe completo sobre el cumplimiento de lo dispuesto.
"La Corte IDH requirió al Perú que, a través de sus tres poderes, tome las acciones necesarias para que se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos", indicaba el pedido.
Pese a dicha solicitud, el Congreso de la República aprobó la medida impulsada por las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular. Hasta el momento, si bien no hay una pronunciación oficial del Gobierno al respecto, algunos ministros han señalado que esperarán un diálogo entre los tres poderes del Estado.
