El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) no detendrá los trabajos en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, pese a la observación de la Contraloría sobre la presunta falta de una adenda que sustente la construcción de puentes no contemplados en el proyecto original.
El problema se origina porque el Puente Santa Rosa, que debía brindar acceso vehicular al terminal operado por Lima Airport Partners (LAP), no halló postor. Entonces, se optó por levantar puentes Bailey –de fierro– que garanticen la continuidad de operaciones hacia el último trimestre del 2024, cuando debería inaugurarse el terminal.
Verónica Zambrano, presidenta del Ositrán, asegura que la Contraloría “está supervisando la obra como si fuera pública, queriendo pautear cada una de sus partes como si hubiera un expediente técnico”.
“Y aquí no hay un expediente técnico, sino un diseño que se va trabajando conforme se va construyendo. Todo es riesgo para el concesionario, si algo sale mal, LAP tien que modificarlo”, explica la abogada para La República.
Zambrano explica que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en su rol rector del sector, estaba facultado a asumir la “decisión de emergencia fuera del marco contractual”, dado que los puentes no son parte del contrato.
Ositrán advierte que la Contraloría arriesga un arbitraje internacional por la obra de US$2.000 millones. Para Zambrano, el problema pasa porque no hay personal técnico calificado en el organismo contralor, por lo que impugnarán el informe de hito de control n.° 15827- 2024-CG/APP-SCC que dio pie a la controversia.
“Tendríamos que paralizar la obra hasta que se formalice, pero la adenda está referida a costos y no infraestructura. Entonces, la adenda tampoco podría hacer mucho. No entendemos esta observación”, replica Zambrano.
Cabe precisar que la propia presidenta Dina Boluarte dijo esperar que el nuevo terminal esté listo para recibir sus primeros pasajeros en noviembre.
En respuesta, la Contraloría ha señalado que el Decreto de Urgencia n.° 009-2024, que facultó al MTC a modificar contractualmente el proyecto, no viabilizaba la construcción de las nuevas vías internas que conectarán el terminal de pasajeros con los puentes provisionales.
El organismo sostiene que se ha configurado una situación que incumple el marco legal vigente que dispone que las adendas “no tienen efectos retroactivos, sino que primero se deben firmar y luego ejecutar”.
En este extremo, involucra al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y su Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP) en la contienda.
“La adenda no se ha concretado, pese a que se aprobó un régimen especial para ello que permite que el MTC no requiera de la opinión de la Contraloría ni del MEF, sino únicamente de Ositrán”, afianza el organismo
