La falta de cuórum en la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) impide definir el futuro de la ampliación de la carretera entre San José y Cartago.
La nueva secretaria técnica del Consejo, Paula Reyes Loría, declaró a La Nación que la posible reactivación de la iniciativa privada presentada por la constructora MECO (que había sido desechada hace un año) no ha podido ser discutida en ese foro debido a que en todo el mes de junio no se pudo sesionar.
La iniciativa presentada por esa constructora contemplaba la ampliación de 20 km de la vía entre el paso de las Garantías Sociales, en Zapote, y el cruce de Taras, al ingreso a Cartago. Los estudios elaborados por la empresa estimaron el costo del proyecto en cerca de $440 millones. Para financiar la obra, se requería de un peaje de ¢1.030 por sentido, además de un aporte estatal de al menos $80 millones. El plan presentado en sustitución de esa iniciativa se desarrollaría mediante una concesión y según se anunció, requeriría una inversión inferior a l os $220 millones.
MOPT y Concesiones guardan silencio sobre futuro de ampliación de vía a Cartago
Reyes explicó que, una vez que se resuelva la situación de la iniciativa privada, se podrán tomar las decisiones necesarias para avanzar con el proyecto.
Aclaró que, en caso de retomar el plan de MECO, la empresa deberá presentar mejoras a la propuesta para asegurar la viabilidad.
La intención del CNC es que durante los dos años que restan de Gobierno se logre avanzar hasta la etapa de estructuración del cartel de licitación, por lo que la contratación y eventual inicio de obras quedaría para una futura administración.
La iniciativa privada es un modelo de alianza público-privada en el que una empresa propone una obra y se encarga de los estudios y demás etapas previas para determinar su factibilidad. Si el plan resulta viable, el proyecto es licitado y cualquier empresa puede participar. En caso de que resulte adjudicada una firma diferente a la iniciativista, esta deberá retribuir lo invertido en la fase de estudios. Este modelo lo establece la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, Nº 7762 del 14 de abril de 1998.
En mayo del año pasado, tras desechar la iniciativa privada presentada por MECO debido a que, según se indicó en ese momento, la propuesta presentaba incumplimientos financieros, técnicos, legales y ambientales, el entonces jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, anunció el inicio de un nuevo plan para llevar a cabo la ampliación.
Amador prometió que la etapa de factibilidad de la nueva propuesta se completaría en un plazo de seis a ocho meses, con la meta de adjudicar las obras a finales de 2024. No obstante, más de un año después de ese anuncio, se desconoce si este proyecto llegó a gestarse, ya que el gobierno no ha proporcionado detalles, ni se tienen registros sobre si este plan llegó a ser discutido en el Consejo.
El 25 de abril, dos directivos del CNC llevaron a la Junta Directiva el tema de MECO. La intención de los dos miembros era exponer la necesidad de actuar con respecto al recurso de revocatoria y apelación con subsidio presentado por MECO hace un año, pero no hubo una respuesta clara de Shalom Loría, quien en ese momento ocupaba el cargo de secretaria técnica.
La empresa MECO confirmó a finales de mayo a este diario que el Tribunal Contencioso Administrativo acogió un amparo de legalidad presentado contra la decisión del CNC de archivar su propuesta, no obstante, se encontraban a la espera de la respuesta de ese Consejo.
