Este viernes el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, le entregó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, la propuesta del pleno del máximo tribunal respecto del sistema de nombramientos de jueces.
En ese sentido, el ministro de Justicia destacó la iniciativa realizada por el tribunal que consolida 10 años de trabajo en esta materia, “más aún significa reconocer una reforma a un mecanismo que está anclado en un sistema que cumple 200 años”, afirmó.
El secretario de Estado anunció que entre agosto y septiembre de este año el Presidente Gabriel Boric enviará un proyecto al Congreso sobre el sistema de nombramiento de jueces, pues desde el Ejecutivo creen que es necesario un perfeccionamiento de este mecanismo.
“Si uno quiere resolver el problema de contacto entre la jurisdicción y la política tiene que ser muy quirúrgico en esa intervención”, añadió.
Además, Cordero hizo hincapié en que “la reforma más importante no está acá en la Corte Suprema, sino que está desde las Cortes de Apelaciones hacia abajo, incluyendo auxiliares de la administración de justicia, como notarios, conservadores y archiveros. Entrar en una reforma ahí es un cambio revolucionario en el sistema de nombramiento por mérito en el sistema institucional, ese es el desafío que tenemos”.
Por su parte, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, explicó que la propuesta que entregaron al Gobierno “recoge la opinión del pleno de la Corte Suprema, el que se ha venido digamos manifestando hace más de 10 años, desde el 2014, en que se ha señalado la necesidad de separar las las funciones jurisdiccionales de aquellas que no son jurisdiccionales”
“Lo que más nos interesa en este minuto es que se termine la injerencia que tiene el Poder Judicial en los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros judiciales (…) Nos parece que sería el primer paso sin perjuicio de que respecto de los nombramientos, tanto de jueces, fiscales, ministros de la Corte Suprema, también tenemos postura sobre sus nombramientos y la forma que nosotros pensamos que pudiera hacerse. Todo por supuesto conversable y entregado a la decisión que tomen nuestros co-legisladores, en este caso, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional”, sostuvo la vocera del tribunal.
Cabe recordar que los cuestionamientos al proceso de nombramiento de los miembros del Poder Judicial se reactivaron con un reportaje de Ciper que relató las gestiones del exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, para instalar en la Suprema a la magistrada María Teresa Letelier.
Por tal motivo, el pasado 19 de junio se reunió el pleno de la corte para abordar las acusaciones de tráfico de influencias, donde expresaron su convicción de “separar la función jurisdiccional de la administrativa”, por lo que tomaron una serie de medidas, entre ellas, “avanzar en la redacción de un código de ética judicial” y la “conformación de una mesa de trabajo con representantes de las distintas salas de esta Corte.
El documento que Ricardo Blanco le entregó al ministro Cordero consigna que “teniendo presente que la Corte Suprema desde hace varios años ha discutido, estudiado y efectuado propuestas para mejorar el gobierno judicial, contexto en el cual destaca la reforma al sistema de nombramientos de la magistratura o en que tiene injerencia el Poder Judicial, ha considerado pertinente hacer una revisión sobre los aspectos más trascendentes referidos a la materia, a objeto de fijar las bases de lo que, en concepto de esta Corte, debieran ser los lineamientos de una reforma normativa sobre dicha temática”.
Así, a continuación presenta las bases para una propuesta de reforma al sistema de nombramientos:
De esta forma, el texto concluye que “el pleno de la Corte Suprema manifiesta la necesidad de separación clara entre las funciones jurisdiccionales de las que no lo son, objetivo que se lograría mediante la radicación de estas últimas en un órgano u órganos autónomos, desconcentrados territorialmente pero coordinados a través de una instancia nacional, compuestos por una mayoría de representantes de la judicatura y por representantes del Ejecutivo, del Congreso, del Colegio de Abogados y de la academia”.
“Teniendo presente la envergadura de un traspaso de competencias de este tipo, es posible instar por avances paulatinos en esta reforma, pudiendo iniciarse el proceso de cambio con el sistema de nombramientos a través del diseño anteriormente esbozado, pero manteniendo la participación de los tres poderes del estado en la designación de los cargos de ministros y fiscal de la Corte Suprema, y excluyendo, a la brevedad posible, cualquier injerencia del sistema judicial en el proceso de designación de notarios, conservadores y archiveros. En todo caso, con independencia de la magnitud con que se desee avanzar en esta materia, se estima imprescindible tener presente el soporte administrativo y de gestión para su implementación”, cierra el documento.
