La Contraloría General de la República (CGR) presentó a la Sala IV una consulta sobre el proyecto de ley No. 24.364 (conocido como “ley jaguar”) con la intención de que “se analice en su conjunto la constitucionalidad de las reformas propuestas y se advierta de los graves vicios que imposibilitan que sea sometida a referéndum”.
En un comunicado emitido este viernes, la entidad fiscalizadora señala que la iniciativa promovida por la administración Chaves Robles reduce el sistema de fiscalización a su mínima expresión, violenta principios, derechos y jurisprudencia constitucional, y altera la distribución de competencias que fueron previstas por el legislador constituyente.
La Contraloría sostiene que las reformas que plantea ese plan a la Ley General de Control Interno (LGCI) y a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR) no solo violentan la independencia de la CGR, sino también que son contrarias a las funciones que le han sido asignadas constitucionalmente.
A su criterio, los cambios deterioran la calidad de los insumos que la CGR brinda a la Asamblea Legislativa en su rol auxiliar, para ejercer el control político, y desconocen la jurisprudencia de la Sala Constitucional según la cual las competencias de control y fiscalización del órgano contralor pueden ser fortalecidas o mejoradas, pero nunca rebajadas, disminuidas o suprimidas (sentencia 998-98).
“Es nuestra responsabilidad histórica accionar los mecanismos y procesos pertinentes en defensa de nuestro modelo democrático y de nuestra Constitución Política, que tantos beneficios le ha procurado a muchas generaciones de costarricenses”, comentó Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, en el boletín enviado este viernes.
La entidad confirmó que la gestión fue presentada el pasado jueves y que esta se suma a otra consulta enviada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en días pasados, luego de que Alberto Cabezas y Édgar Espinoza presentaran una solicitud de recolección de firmas para llevar la “ley jaguar” a referéndum.
La Contraloría aduce que la iniciativa que el gobierno pretende enviar a consulta popular plantea una reforma al artículo 9 de la Ley General de Control Interno donde se señala que la CGR “únicamente podrá actuar a posteriori de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad”.
Esto implica, según advierte, la eliminación de los controles previos que le han sido asignados al órgano fiscalizador en la Constitución Política y en las leyes, como la aprobación presupuestaria de las municipalidades e instituciones del sector descentralizado, la aprobación de los reglamentos orgánicos de las auditorías internas y el refrendo de contratos.
Por otra parte, sostiene que las reformas planteadas a los artículos 11, 12 y 17 la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República elimina el control de eficiencia en el manejo de los fondos públicos y de legalidad de los controles internos.
También considera que las reformas le impedirían utilizar instrumentos de carácter vinculante, tales como disposiciones, órdenes o normativa, así como instrumentos preventivos.
La Contraloría detalla, por ejemplo, que se verían afectadas las recomendaciones, advertencias o recordatorios a las Administraciones que se apartan del cumplimiento de la ley o que despilfarran o hacen un mal uso de los recursos públicos para que corrijan su actuación de manera oportuna, o anticiparse para evitar que tales situaciones ocurran.
Además, indica que la reforma al artículo 22 de su ley orgánica suprime por completo la posibilidad de que la CGR adopte medidas cautelares o precautorias en la fase de investigación o de procedimiento sancionatorio, necesarias para garantizar la adecuada protección de los recursos públicos y de los fines de la investigación o del procedimiento.
Según la CGR, el proyecto de “ley jaguar” afecta el diseño constitucional de la CGR, comprometiendo el núcleo duro de sus competencias, y por ende, el sistema de frenos y contrapesos, así como el modelo de Estado Democrático y Social diseñado en la Carta Magna de 1949.
Además, sostiene la entidad, se violan principios constitucionales de eficacia y eficiencia en la función administrativa, transparencia, rendición de cuentas, control político; el derecho fundamental a una buena administración y servicios públicos.
También se transgreden principios de no regresión en las funciones de control de los recursos públicos y de contratación administrativa, y se compromete la garantía de independencia absoluta del órgano Contralor, ignorando por completo la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, concluye la CGR.
